El pasado 20 de abril de 2022 la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay emitió un proyecto normativo que crea un marco normativo para regular a aquellas personas físicas o jurídicas que, sin ser administradoras de crédito o empresas de servicios financieros, en forma habitual y profesional otorguen créditos. En este contexto, se prevé que estos sujetos deberán incorporar políticas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.[1]
[1] En caso de querer conocer más detalles sobre el proyecto de ley ver aquí i. ; y aquí ii.