Los Ministerios de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Ministerio de Gobierno determinan implementar y ratificar el "Protocolo relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930”, el cual defiende los derechos humanos y laborales de los trabajadores forzados a realizar actividades laborales.
