Los desafíos que enfrenta la industria de la construcción para abordar proyectos de infraestructura en Uruguay fue el tema central de un panel convocado por FERRERE, que tuvo como principales ponentes al presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Ignacio Otegui, y al vicepresidente Comercial y de Operaciones de Saceem, Alejandro Ruibal. El evento se realizó en el marco del lanzamiento de la 32ª Revista de Derecho y Tribunales que publica la Fundación FERRERE, siendo el primer número temático destinado a la industria de la construcción.
Los invitados estuvieron acompañados en la mesa de diálogo por el abogado Nelson Larrañaga Zeni, consejero senior y director de la práctica legal en Relaciones Laborales y Seguridad Social de FERRERE, y la también consejera senior, Cristina Vázquez, experta en obra pública y líder del equipo de Derecho Administrativo y Regulatorio de la firma. Participaron también con intervenciones especializadas los profesionales de FERRERE Soledad Díaz, Sebastián Ramos, y de CPA FERRERE Enrique Noal.
Los participantes con la moderación de la socia de FERRERE, Verónica Raffo, abordaron temas relevantes y de actualidad como la ejecución de los proyectos de PPPs y la planificación financiera de los mismos, el proyecto de reforma de la Responsabilidad Decenal por obras, la ingeniería contractual y financiera de los grandes proyectos y el abordaje de disputas y arbitrajes en estos casos, el proyecto de Fondo de Insolvencia Patronal y el artículo 15 de la Rendición de Cuentas, que cambia los términos en los que el Estado pagará sus deudas por juicios en el futuro. Dicho artículo fue catalogado por Vázquez como “claramente inconstitucional” por vulnerar varios principios de la Carta Magna.
Larrañaga tuvo a su cargo la apertura de la actividad señalando los aspectos positivos y negativos del sector en el estado de las relaciones laborales. “La creación de ámbitos de diálogo fructíferos para abordar temas como la salud y seguridad laboral, la capacitación, la inserción laboral de la mujer y de las personas con discapacidad, son aspectos que no se ven con frecuencia en otras ramas de actividad. Sin embargo existen problemas en las relaciones laborales más críticos que en otros ámbitos, como la existencia de conflictos reiterados, asambleas convocadas en forma sorpresiva, horas perdidas de trabajo por paros frecuentes, etc. Esto determina un atraso en las obras por una disminución de la productividad.”, explicó.
Agregó que se cuenta con una regulación anacrónica del contrato de trabajo por obra determinada recogida en el Código Civil, que data del siglo XIX, y resaltó el empoderamiento sindical a través de decretos que legitimaron las ocupaciones y los piquetes. “Es una forma muy atípica de dar poder a los sindicatos, sin pasar por las garantías del Parlamento para aprobar una Ley”, manifestó.
Acerca de estos temas, Otegui expresó que “Somos una industria compleja. Pasamos de 73.000 trabajadores hace tres años a 45.000 trabajadores hoy en obra, más otros tantos indirectos. La productividad ha caído en Uruguay entre 10% y 20% y la industria así no puede seguir, tiene que empezar a cambiar”, dijo.
En tanto, Ruibal argumentó que se tiene “una lógica de conflicto anticipado”, que lleva a desatar enfrentamientos y medidas rápidamente, sin medir consecuencias y sin negociar previamente. “Hay que desatar ese nudo porque no contribuye y genera enormes pérdidas asociadas”, explicó.
Sobre el régimen de Participación Público Privada (PPP), Otegui indicó que la Cámara reclamó la creación de una agencia que consideró “necesaria” y “conveniente” para un trabajo paralelo que haga más efectivo el proceso, mientras que Ruibal llamó a continuar mejorando el trabajo con las PPPs. “Hay que poner las PPPs en su justa medida, es un instrumento que sirve para determinados proyectos, que vino impulsado por una necesidad presupuestaria del Estado, pero después están las otras licitaciones, obras públicas y concesiones, instrumentos que aún están vigentes”, dijo.