El pasado 4 de mayo de 2022, mediante resolución 99/2022, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay remitió al Ministerio de Economía y Finanzas el proyecto de ley vinculado a la regulación de los activos virtuales en Uruguay. En este contexto, se prevé que los proveedores de servicios de activos virtuales financieros y no financieros (PSAV) queden sujetos al sistema de contralor del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.[1]
[1] En caso de querer conocer más detalles sobre el proyecto de ley ver aquí