Recientemente, varias organizaciones sin fines de lucro, así como las Naciones Unidas (ONU), un grupo de compañías, y la Coalición de Precios de Carbono para Alimentos, propuso una iniciativa para gravar con impuestos la carne y los lácteos, con el objeto de reducir la emisión de CO2 y otros efectos contraproducentes al medio ambiente. Para ello, las organizaciones antes descritas enviaron y enviarán una carta abierta a varios presidentes, ministros y otras autoridades de los 50 países miembros de la ONU con mayor consumo de carne del mundo por persona, entre los cuales se encuentra Bolivia. La carta sugiere que los gobiernos, en apoyo al Acuerdo de Paris, promuevan en sus países un gravamen sobre la comida, empezando con la carne y lácteos, y con la reducción de impuestos a la comida saludable (vegetales y frutas), con la finalidad, entre otros, de mejorar la salud pública, pero también y principalmente, para reducir el impacto ambiental que genera el consumo de carnes rojas y lácteos.
Entre los datos mencionados para sustentar la propuesta, se señala que el consumo de carne y lácteos lleva a alrededor del 60% de la pérdida de biodiversidad en el mundo, y se constituye la causa principal de la deforestación de bosques (reports WWF UK, Chatham House).
Como fin principal, la iniciativa formula que, al igual que los combustibles fósiles, tabaco, alcohol y azúcar, se grave como bienes suntuarios a la carne roja y a los lácteos. De esta manera, gastos futuros de salud pública, así como gastos ambientales, podrán ser reducidos. A su vez, con el propósito de equilibrar este gravamen, la propuesta plantea reducir los impuestos a los vegetales, frutas y productos veganos, y a su vez, introducir subsidios a comida saludable, a granjeros que se comprometan a reducir sus emisiones contaminantes, y a grupos de bajos ingresos.
Si bien, en principio, la carta señala que el gravamen recaería en los productores, la intención y la consecuencia es que probablemente estos opten por compensar el incremento de costos en la producción por medio del incremento en el precio de sus productos, lo cual generará que la carga final del gravamen recaiga sobre los consumidores, desincentivando de esta manera directamente el consumo de carnes y lácteos.
No obstante, los gobiernos que evalúen implementar un gravamen como el propuesto, tendrán también que tener en cuenta su impacto en la sociedad, sobre todo en países como Bolivia, donde la carne y los lácteos no son productos suntuarios, sino parte de la dieta regular de las personas y de la canasta básica.