Elaborado por el Dr. Nelson Larrañaga Zeni, director del Departamento Laboral y de Seguridad Social de FERRERE Abogados, el documento propone cambiar el eje de la discusión sobre siniestros laborales. Frente al proyecto de ley oficialista que establece la pena de prisión para empresarios ante el accidente de un asalariado, el abogado ofreció reflexiones que considera primordiales antes de legitimar dicha propuesta.
En diálogo con Crónicas, Larrañaga mencionó como primer punto la necesidad urgente de concebir un análisis específico sobre el estado de la siniestralidad en el país, hasta el momento inexistente: “Hay que saber cuántos accidentes de trabajo hay, cuántos de ellos son mortales, cuántos provocan lesiones que implican incapacidad parcial o total del trabajado. Es necesario tener la información distribuirá por sectores de actividad, cuáles tienen siniestralidad baja, media o alta. Sin estas estadísticas, que hasta el momento no existen y es la información que yo reclamo, no tenemos la base para trabajar y elaborar un plan con objetivos, metas y plazos que puedan servir para formar equipos de trabajo”, explicó el experto y agregó que la medida oficialista de recurrir a la responsabilidad penal del empresario, presentada en noviembre del año pasado, no servirá para bajar el índice de accidentes. “Hagamos una autocrítica entre todos los actores laborales e identifiquemos qué fue lo que no se hizo para que la siniestralidad en tal sector sea alta. ¿Faltó control por parte del Estado? ¿Los empresarios no cumplieron con las normas de prevención? ¿Los trabajadores no utilizaron los medios de protección personal o no se aplicaron las reglas preventivas que establece la legislación?”, se preguntó y argumentó que, a su entender, hay culpas compartidas y lo que falta es que todos tomen una real dimensión del problema y se ataquen las causas que lo generan.
En marzo de este año, Larrañaga presentó al Parlamento un proyecto de ley modificativa de la Ley de Negociación Colectiva, pero hasta el momento no tuvo tratamiento; fue por ello que el abogado se propuso realizar un segundo trabajo, ahora a modo de informe, que permitiese una visión más breve pero igualmente sustanciosa del asunto. “No es un tema de criticar por criticar, sino que está en el deber profesional, cuando se tienen los conocimientos, aportar sugerencias sobre cuál podría ser el camino”, ratificó y reveló que este último trabajo fue enviado exclusivamente a los medios de comunicación y se puede descargar desde la página Web del Estudio FERRERE. El mismo propone 10 medidas argumentadas sobre la posible solución ante el problema de la siniestralidad laboral en Uruguay, recoge las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y reclama y guía una acción de trabajo por parte de todos los involucrados.
Desde el oficialismo
El proyecto elaborado por legisladores del gobierno constó de dos instancias. La primera propuesta responsabilizaba penalmente al empresario ante un siniestro que produjera la muerte o las lesiones graves de su trabajador. Posteriormente, viró hacia la consagración de un delito de peligro. Eso significa que el empresario respondería con prisión por incumplir las normas, aun cuando no se produjera ningún accidente laboral. En forma tardía, opinó Larrañaga, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) asumió el liderazgo en el tema y se reunión con la bancada legislativa donde propuso formar una comisión de expertos, que hasta el momento se desconocen las personalidades invitadas, para redactar un nuevo proyecto. Según el abogado la tendencia sería mantener la línea e las dos anteriores propuestas. “Me gustaría aportar y que se entienda que si seguimos en el camino de la responsabilidad penal, seguiremos escondiendo lo que verdaderamente sucede porque no se está abordando la realidad de la siniestralidad. Sin conocerla y sin estudiarla no vamos a poder proponer acciones para trabajar en ella”. Larrañaga denunció que el Ministerio de Trabajo debe asumir su responsabilidad en el tema y ponerse a trabajar. “Hay un organismo tripartito, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud Laboral, que de tanto en tanto trabaja, integrado por todos los actores, por delegados del MTSS, del Ministerio de Salud Pública, del Banco de Seguros del Estado, de los empresarios y del PIT-CNT, que debe ponerse en funcionamiento e intercambiar opiniones, hacer un plan de acciones, fijarse objetivos, plazos de cumplimiento y empezar a trabajar”, sentenció. Para él, el camino de la cárcel para los empresarios “pretende esconder la falta de eficacia del gobierno en liderar el tema como era su deber institucional y en revisar las normas y controlar su aplicación”.
Ejemplos para generalizar
El informe elaborado por Larrañaga cita el decreto del año 2009 que regula la seguridad y la salud laboral en el ámbito agropecuario. El mismo recoge el convenio propuesto por la OIT, aprobado por ley en Uruguay, centrándose en la prevención. Según explicó el abogado, el mismo prevé normas de regulación que, en caso de incumplimiento, sancionan económicamente al empresario e, incluso, el trabajador tendrá el derecho de interrumpir la tarea en caso que tenga fundamentos razonables de que la misma implica riesgos para su salud o integridad física, sin que eso signifique una sanción disciplinaria. Pero también establece derechos al empleador, ya que podrá sancionar al empleado cuando, habiéndole proporcionado los elementos de protección personal o habiéndolo instruido en el procedimiento de trabajo, el asalariado no lo cumpla. Dispone de una escala de sanciones que va desde las observaciones, suspensiones sin goce de sueldo, hasta llegar al despido. “Es una regulación bastante equilibrada en el sentido de que establece derechos y obligaciones para las dos partes”, expresó y opinó que sería bueno que se aplicara a nivel general y no solo en el ámbito rural.
En el informe, el abogado concluye que llegó el momento de abandonar “el camino legislativo propuesto por la bancada oficialista y que el gobierno se ponga a trabajar en forma conjunta con los demás actores (empresarios, trabajadores y asesores)”, y entiende que “no puede haber más dilatorias” en el tratamiento urgente del tema porque “los siniestros laborales acaecen y no esperan a que se ponga en funcionamiento el andamiaje del Estado”.
Artículo publicado en semanario Crónicas en edición del viernes 7 de junio de 2013.