En julio de este año, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), emitió el proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, el cuál dota de poderes irrestrictos a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para investigar a personas naturales y jurídicas.
El nuevo proyecto de ley otorga facultades irrestrictas a la UIF para acceder a las comunicaciones, cuentas bancarias, e información de Derechos Reales, entre otros. Inicialmente el proyecto permite a la UIF realizar investigaciones financieras y patrimoniales a las personas que resulten vinculadas a los sujetos sobre los cuales se ha recibido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o un pedido de la autoridad competente.
Sin embargo, más adelante la norma señala que se deberá formular una normativa que faculte a la UIF iniciar estas investigaciones de oficio, sin la necesidad de un ROS o pedido de la autoridad competente. Asimismo, en otro de los contenidos del anexo se propone la modificación del Código Penal para incorporar técnicas especiales de investigación, entre ellas el uso de agentes encubiertos, arrestos diferidos e incluso consultar al Tribunal Constitucional sobre el uso de técnicas de escucha de llamadas.
La disyuntiva surge a partir del quiebre entre el respeto a la privacidad y el derecho a realizar investigaciones por parte de las autoridades competentes, bajo la premisa de luchar en contra de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento al Terrorismo, accediendo al capital más valioso que tienen los individuos, sus datos.