Se trata de un proyecto de ley que reafirma el rol del Estado en la promoción del empleo como política pública prioritaria, con el objetivo de generar más y mejores oportunidades laborales, especialmente para colectivos con mayores dificultades de inserción.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) señala que, si bien Uruguay presenta buenos niveles de empleo, persisten desigualdades relevantes, particularmente en jóvenes, personas mayores de 50 años, mujeres jefas de hogar, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trans y personas liberadas.
El proyecto propone reformular el régimen actual sobre la base de tres ejes: focalización en colectivos vulnerables, simplificación de incentivos a la contratación y vinculación entre empleo y formación.
Asimismo, amplía beneficios, promueve emprendimientos y cooperativismo, e introduce mejoras en su aplicación territorial y en MIPYMES, con el objetivo de lograr un sistema más simple, accesible y efectivo.