Artículo de Búsqueda
Las normas de Presupuesto, como la que entró en vigor este enero, “terminan siendo leyes ómnibus en las cuales entra de todo. A veces es hasta deliberado esperar a la instancia presupuestal porque entre tantas normas de diverso contenido y tan numerosas es una oportunidad de incorporar cambios que de otra manera hay que enviarlos por separado y van a ser más discutidos”, opinó Cristina Vázquez, directora del grupo de Derecho Administrativo y Regulatorio de FERRERE.
En sus más de 700 artículos la nueva ley fijó partidas de gasto para la administración central e incluyó también innovaciones en distintas áreas.
Para Vázquez, un aspecto positivo de la norma es que profundiza una tendencia hacia la “transparencia” y “desburocratización” del Estado, si bien algunos puntos de la norma también “desvirtúan” el proceso de licitación en las compras estatales.
“Las creaciones institucionales vistas en su conjunto dan un importante sesgo hacia transparentar. Cuando se crea el Registro Único de Productores Agropecuarios o el Registro de Trazabilidad de Obra Pública, son soluciones que van en la línea de que el Estado cuente con información suficiente y actualizada. Lo mismo con el de Educación No Formal o el de Evaluación de Intervenciones Públicas”, explicó a Búsqueda la abogada y profesora de Derecho Administrativo.
Vázquez destacó como positivo de la ley la obligación de hacer públicos los pliegos de contrataciones estatales, así como la incorporación de planes anuales de contrataciones de bienes y servicios en la administración.
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