El proyecto de ley de Rendición de Cuentas incluye cambios impositivos que despiertan gran interés a nivel de las empresas y también de las personas físicas. Por esta razón, FERRERE Abogados y CPA Ferrere organizaron una conferencia para analizar el alcance de las modificaciones previstas.

Uno de los puntos abordados durante el encuentro fue el cambio propuesto en el ajuste por inflación referido a la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), que prácticamente se eliminaría si se aprueban los cambios normativos previstos, y el efecto de esa medida cuando las empresas evalúan la conveniencia de financiarse con capital propio o generando pasivos.

Sobre este punto, Cr. Javier Metre, socio de CPA FERRERE, afirmó que, en la medida en que no se pueda realizar el ajuste por inflación, “en forma cuasi-definitiva siempre convendrá o será más eficiente financiar a la empresa a través de un préstamo”.

En la conferencia también se analizaron las modificaciones proyectadas para determinar los dividendos y las utilidades fictas gravadas, uno de los cambios que genera mayor incertidumbre en los contribuyentes, ya que está en duda su constitucionalidad, explicó Gianni Gutiérrez, socio de FERRERE Abogados.

“Para determinar la constitucionalidad hay que tomar en cuenta si la ley es retroactiva o no”, indicó el experto. “Lo que se grava es el incremento de valor generado por las utilidades acumuladas, pero se debería gravar el incremento de valor a partir de la entrada en vigencia de la ley. Eso sería lo lógico”, agregó.

De todos modos, Gutiérrez advirtió que “el principio de no retroactividad de la norma tributaria no está recogido expresamente en la Constitución” y recordó que "ante la inexistencia de una previsión expresa, la Suprema Corte de Justicia ha sido reticente a declarar inconstitucionales normas tributarias que tienen efecto anterior a su vigencia. No obstante, el punto es si se viola el principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución. La actual integración de la Corte nunca se ha expedido sobre el tema”. También dijo que si alguien toma la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre esta disposición, debería hacerlo cuando la ley esté vigente, pero antes de pagar la utilidad ficta.

Por otra parte, el abogado se refirió a las penalizaciones que se pretenden imponer al uso de sociedades offshore, “algo impensable si no se toma en cuenta lo generado por los Panama Papers”. La nueva norma busca que las inversiones y activos que se tienen en empresas offshore se pasen a personas físicas o a sociedades uruguayas, y para ello se brindan determinados plazos, que los empresarios deben tener en cuenta y actuar con rapidez para evitar pagar más de lo necesario. “Este es claramente un cambio de reglas que si nos agarra distraídos nos obligará a pagar una suma importante”, acotó.

Gutiérrez apuntó también a la inconstitucionalidad de los cambios propuestos en la liquidación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que incluyen aumento de tasas y creación de tasas intermedias, además restricciones de las deducciones, con lo que se generan mayores efectos sobre las familias con hijos. “Este lo estudié a fondo, porque tengo cinco hijos”, bromeó el abogado y afirmó que con este cambio se afecta el principio constitucional de capacidad contributiva y protección de la familia.