Artículo de El País
Nueve de cada 10 compras que realiza el Estado las hace sin hacer llamados a licitación sino utilizando la modalidad de compra directa. Si bien la relación es menor a la que hubo entre 2002 y 2010, en donde el 95% eran compras directas, ha venido en leve repunte en los últimos años.
"La licitación pública no es más el principio o regla de contratación" sino que "es una especie dentro del género procedimiento competitivo expresamente previsto que pasó a ser la nueva regla o principio de contratación", concluyeron Cristina Vignone, abogada asociada senior de Ferrere, y Natalia Carbajal, directora de Servicios Jurídicos de la Intendencia de Canelones, en un libro presentado ayer y titulado "Procedimientos de Contratación Administrativa. TOCAF 2012".
Según los datos presentados, en 2015 se realizaron 46.345 compras directas, 2.037 compras directas por excepción, 3.374 licitaciones abreviadas y 389 licitaciones públicas. Esto implica que la compra directa representó el 88,87% a la que se suma un 3,9% de compras directas por excepción. En tanto, la licitación abreviada representó el 6,47% y la licitación pública un 0,70%.
Vignone dijo a El País que "la relación es bastante escandalosa", pero aclaró que "la explicación no está relacionada al abuso del recurso" utilizado por el Estado para evitar controles o agilizar procesos.
"No se saben las causas reales ni se puede saber porque falta información. Ahora se está previendo crear un Observatorio de Compras del Estado y allí van a llegar datos reales", dijo Vignone. En este sentido, las dos posibles explicaciones que encontraron las abogadas pasan por los montos y por la incidencia de Ancap en las adquisiciones oficiales a través de sus compras de petróleo.
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