Esta norma regula la contratación de mano de obra de ciertos colectivos de personas, buscando favorecer el acceso a la actividad laboral de los jóvenes de entre 15 y 29 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad.
A tales efectos, establece beneficios impositivos para aquellas empresas que realicen contrataciones alcanzadas por la norma. De esta forma, la Ley dispone distintos subsidios destinados al pago de contribuciones especiales de seguridad social.