El objetivo filantrópico y bien intencionado de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) pareciera justificar una administración irregular, ineficiente o poco transparente. Al menos, es unaconvicción bastante generalizada. Hasta el propio marco jurídico (o su carencia) está armado de modo tal que invita a la irregularidad. Después de todo, ¿quién sería capaz de juzgarme mal si realizo un trabajo honorario por la comunidad? Es difícil. Sin embargo, ese fin desinteresado, impulsor de donaciones y colaboraciones, es lo que obliga a ser más transparente y organizado. Porque no se trabaja a riesgo personal, sino a riesgo de la voluntad y confianza depositada por la comunidad. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones básicas que un administrador o director de una ONG tiene que prever?
Históricamente existen cinco: llevar en forma ordenada los libros sociales, contabilizar los movimientos patrimoniales, aprobar balance anualmente y registrarlo si corresponde, pagar los impuestos, porque el status quo de ONG no “exonera” de por sí y, sobre todo, respetar el estatuto social al momento de tomar decisiones, elegir autoridades y administrar la institución.
No obstante, los hechos demuestran que la mayoría de estas organizaciones rara vez cumplen satisfactoriamente con sus mandatos básicos y que, en general, prevalece la dirección improvisada. La mala gestión no supone, necesariamente, malicia o dolo, sino desconocimiento. El problema surge cuando esas irregularidades afloran a la superficie y quienes administran quedan expuestos. Porque hasta el propio Código Tributario los responsabiliza cuando en su artículo 21 establece que “los representantes legales y voluntarios que no procedan con la debida diligencia en sus funciones, serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias que correspondan a sus representados”.
Además, en los últimos tiempos aumentaron los controles hacia las ONG. Se sanciono nueva reglamentación para la registración de balances y el proyecto de ley integral contra el lavado de activos las incluye como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
Quienes participan en la dirección y administración de una ONG deben saber que no están exentos de responsabilidad. Una buena gobernanza puede hacer la diferencia al momento de ser juzgados. Y la era de la transparencia fiscal y lucha contra el lavado de activos los forzará a rendir cuentas, si es que aún no lo hacían. No es un supuesto, es una realidad demostrada: la filantropía no excusa nada.