El curso de los últimos años demuestra que las relaciones laborales uruguayas no están tranquilas. Cada vez más se advierte una inclinación hacia el conflicto ante la menor desavenencia, sin atender el hecho de que con la medida se afectan derechos fundamentales de millares de personas y, en algunos casos, se vulnera el pacto de prevención de conflictos.
La paz laboral está perdiendo a favor del conflicto abierto intempestivo, que muchas veces interrumpe los servicios en sectores críticos y sensibles. Otras veces no se interrumpen, pero se prestan irregularmente sin control del organismo. Pero parece que ello no merece la atención de los que tienen la responsabilidad de establecer límites a los excesos y organizar la prestación de los servicios mínimos. Los usuarios permanecen cautivos y no tienen alternativas.
Si revisamos los índices de conflictividad laboral 2010-2013, los resultados confirman el cariz esencialmente conflictivo de las relaciones laborales. En cada año en promedio existieron 3,25 paros generales, 1.138.000 jornadas no trabajadas, 133,5 conflictos, 34 ocupaciones de lugares de trabajo y cinco piquetes, aproximadamente, y un paro patronal en un subsector.
Frente a este panorama conflictivo, parece asumirse que los conflictos laborales son connaturales a toda la sociedad y que, por tanto, el gobierno solo puede mediar en ellos. En este contexto, solo se atienden con premura los conflictos que afectan la vida, salud y seguridad de las personas. El resto de los conflictos, que también afectan otros derechos fundamentales de estas, pueden esperar en su solución.
El resultado es que la mayoría de los conflictos no se solucionan con rapidez y afectan, por ejemplo, la continuidad y regularidad de los servicios públicos, lo que no es permitido por la Constitución. Hoy, por ejemplo, los registrales siguen en conflicto, afectando la contratación y el estado civil. Y, ahora, se anuncia que la Justicia y sus servicios auxiliares podrían quedar paralizados en el corto plazo. Que un poder del Estado deje de funcionar es inimaginable en un Estado de derecho. La Justicia en la persona del Juez tiene la función privativa e indelegable de juzgar una contienda entre las partes y hacer ejecutar lo juzgado.
A cualquier observador le llama la atención que en algunos conflictos la organización sindical decide cuándo y dónde se trabaja, en qué horario, a cuántas personas se atiende, y qué tareas críticas o esenciales dejan de hacerse. Todo esto se realiza bajo la concepción de que se está haciendo una huelga atípica. Esta es una tesis incorrecta porque la huelga que reconoce y protege la Constitución consiste en la abstención de trabajar (por ejemplo, hacer un paro). Cuando se trabaja en forma irregular, como está ocurriendo ahora, no se está en huelga porque la actividad no se detiene.
Se trata de un incumplimiento laboral. La dirección del organismo es desplazada de hecho y una parte de la gestión operativa la asume el sindicato. Y esto parece aceptarse como si fuera normal cuando no lo es.
En las propuestas políticas, hay algunas diferencias, como, por ejemplo, en el rol del gobierno en las relaciones laborales. El Frente Amplio propone que se mantengan los Consejos de Salarios y que el gobierno tenga una actuación preponderante en el diseño de la política salarial y otras condiciones de trabajo. No hay propuestas para contener la conflictividad laboral y se ha anunciado que se mantendrá el Decreto 165/006 que legitimó la ocupación del lugar de trabajo. Por consiguiente, tanto esta medida como los piquetes van a seguir operando libremente, pese a que con ellos se excluyen, entre otros, los derechos fundamentales a la libertad de trabajo y de empresa.
El Partido Nacional señala que se ha instalado la cultura del conflicto, con pérdidas sociales importantes y que el gobierno no actuo con equilibrio. Propone trabajar en restablecer la confianza entre las partes, practicar el diálogo en los Consejos de Salarios, con actuación ecuánime del gobierno, la derogación del mencionado decreto 165/006, y que se reconozcan todos los derechos por igual.
El mes pasado diseñamos 10 propuestas para mejorar las relaciones laborales. Consisten en garantizar la democracia laboral, que los actores sociales sean los protagonistas, que el gobierno tenga un rol subsidiario y de protección social de los salarios mínimos, que opere con equidistancia, que se trabaje bajo una cultura de diálogo permanente, paciente e institucionalizado, que se regulen las organizaciones laborales y el ejercicio del derecho de huelga, y que se cree un órgano independiente para la mediación voluntaria en los conflictos laborales.
Artículo publicado en El Observador del día 04 de diciembre de 2014