Luego de analizar varios informes jurídicos y técnicos, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Uruguay, se pronunció en favor de Uber en un caso presentado inicialmente por el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (“Patronal”).
Por una parte, la Resolución N° 93 rechazó la denuncia presentada por la Patronal contra Uber y concluyó que el modelo de negocios de Uber no presenta elementos que vulneren normas de defensa de la competencia y no transgrede la normativa sobre libre competencia que se encuentra bajo la regulación y control de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Lo que resulta aún más significativo, es que la Comisión tomó la iniciativa, a solicitud de Uber, “de formular al Poder Legislativo, Juntas Departamentales e Intendencias Departamentales una recomendación no vinculante, consistente en que en ocasión de legislar o regular los servicios en el mercado del transporte privado de pasajeros en el Departamento de Montevideo en particular, y en mercados de servicios brindados mediante nuevas aplicaciones tecnológicas en general, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, se procure diseñar un marco favorable a la competencia, que busque la igualdad de condiciones de las partes para competir, que no establezca requisitos injustificados ni barreras a la entrada que impidan el ingreso de nuevos agentes al mercado y que no resulte en un obstáculo para el desarrollo de nuevos modelos de negocios”.
La Resolución N°93 fue inmediatamente difundida en la prensa y medios de comunicación dada su gran repercusión en el tema que ocupó continuamente los titulares desde que Uber comenzó a operar en el pasado noviembre. En una sesión del Consejo de Ministros que tuvo lugar el día siguiente, se dedicó buena parte del tiempo al análisis de la resolución.
Uber fue un éxito en el mercado uruguayo desde el primer día y ha estado intentando lograr una habilitación formal para que sus conductores puedan operar en forma legítima y pagar sus impuestos, y además evitar ser discriminados. Aunque el lobby altamente influyente de los taxistas inicialmente logró movilizar al sistema político para prohibir a Uber operar, sumado a las duras medidas adoptadas tanto a nivel departamental como nacional, la fuerte tradición de Uruguay como industria consolidada en materia de software rápidamente empezó a generar un quiebre en este consenso. Algunos líderes del sector de la economía del software y economía digital comenzaron a manifestar sus preocupaciones acerca de que esto podría poner en riesgo la imagen de Uruguay como centro de alta tecnología así como sus objetivos de negocios concretos. La resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia lleva la discusión al ámbito de cómo maximizar el bienestar del consumidor con marcos regulatorios que no impidan nuevos desarrollos y modelos de negocios en virtud de reglamentaciones establecidas décadas atrás.