El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló a favor de cuatro bancos que iniciaron un juicio contra la Dirección General Impositiva (DGI) para anular una resolución que los hacía responsables de una supuesta deuda tributaria que supera los 85 millones de dólares. Se trata de una sentencia “inapelable” e “histórica por el monto y el prestigio de los bancos demandados”, explicó a CRÓNICAS el abogado Alberto Varela del Estudio Ferrere.

Los bancos Chemical, JPMorgan Chase, Credit Suisse y Dresdner Lateinamerika ganaron el juicio que iniciaron contra la DGI para anular una resolución que los hacía responsables de una supuesta deuda tributaria de la compañía San Luis, generada por su actividad de gerenciamiento del Banco Comercial, y que a la fecha de la sentencia superaba los 85 millones de dólares.

En un extenso fallo el TCA resolvió a favor de los accionistas del Banco Comercial y anuló la resolución de la DGI. El organismo recaudador sostenía en su resolución que por sus actividades de gerenciamiento del Banco Comercial, el holding San Luis debía impuestos, multas y recargos y que los bancos extranjeros eran solidariamente responsables de su pago como accionistas de San Luis.

Según la DGI, San Luis había actuado en Uruguay sin registrarse y por lo tanto, por analogía, se la podía tratar como una sociedad irregular y sus accionistas eran responsables de sus obligaciones tributarias.

“La DGI argumentó que tenía presencia tributaria en Uruguay y creyó que San Luis tenía una serie de deudas y que los bancos socios eran deudores también. La defensa explicó que ni San Luis tenía deuda y mucho menos los cuatro bancos eran responsables de ella”, explicó a CRÓNICAS Varela quien trabajó en este caso junto a los abogados Isabel Laventure y Gianni Gutiérrez del Estudio Ferrere.

La sentencia del TCA señala que la DGI no invocó ninguna norma tributaria para arribar a esta conclusión y que el caso de hecho no encuadra en ninguna, porque los bancos extranjeros no dirigían, administraban ni realizaban ninguna otra tarea propia de la gestión de San Luis, por lo que no pueden ser considerados representantes de la sociedad responsables de sus obligaciones tributarias.

La sentencia también sostuvo que San Luis no es una sociedad irregular y que por tanto los bancos extranjeros, que eran accionistas minoritarios, no pueden ser responsabilizados por las supuestas deudas tributarias de la compañía.

El TCA entendió que no se puede aplicar una sanción como esta invocando, por analogía, normas que no regulan el caso. Esta conclusión es muy relevante teniendo en cuenta que en otros procesos contra los bancos se discute este mismo tema.

“Es un fallo histórico por dos cosas: por el monto y por el prestigio de los bancos demandados. Cuesta encontrar antecedentes similares de una demanda del fisco por tanto dinero a bancos tan importantes”, señaló Varela.

Se trató de “un fallo unánime entre los cinco ministros, donde no hubo ninguna discordia, es un fallo sólido como una roca, con argumentos contundentes y que habla muy bien de la institucionalidad uruguaya, porque funciona el principio de separación de poderes”, afirmó el abogado.

Varela calificó de “encomiable” el trabajo del TCA “porque tiene tanto o más trabajo que la Suprema Corte de Justicia” y consideró que se trata de una buena señal para los inversores.

Con esta sentencia favorable, el abogado descartó iniciar medidas contra la DGI. “Eso forma parte de una fantasía genérica donde parecería que si el Estado pierde uno a hace una demanda y se enriquece”, agregó.

A la luz de este fallo que es inapelable “queda sin efecto el reclamo de la DGI contra los bancos” que comenzó cuando el organismo recaudador trabó embargos contra las instituciones financieras.

Esta sentencia llega luego de que en el mes de abril JPMorgan Chase, Chemical, Credit Suisse y Dresdner Lateinamerika firmaran un acuerdo con el Estado uruguayo para terminar con los juicios pendientes entre ellos.

Además, en agosto pasado de conoció una oferta de acuerdo, a los acreedores del Banco Comercial. El acuerdo prevé, además de la reducción de la deuda del Estado uruguayo con los bancos, la creación – con parte del dinero remanente – de un fondo para negociar los juicios privados contra los bancos y el Estado uruguayo.

El acuerdo y la oferta, sin embargo, no pueden hacerse efectivos si no se levanta un embargo que tienen contra esos fondos un grupo de argentinos que alega ser acreedor de la Compañía General de Negocios Saife.

Nota publicada en semanario Crónicas, en edición del día viernes 21 de octubre de 2011.