El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento ha tenido un fuerte rechazo dentro del sector empresarial. El papel protagónico que tomaría la Dirección General Impositiva (DGI) más el pedido de datos, que alcanza hasta los últimos beneficiarios, son algunas de las principales críticas que surgen de los empresarios en un relevamiento realizado por Crónicas.

El 27 de diciembre pasado el Parlamento envió, motivado por las presiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un proyecto de ley al Parlamento. Con esta normativa, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca conocer la nómina de acciones al portador y nominativas, acción que genera malestar entre los principales empresarios.

La OCDE solicitó a Uruguay que cumpla con dos requisitos antes de 2014. Uno de ellos es establecer un método para dar a conocer los nombres de los titulares de las sociedades anónimas, y el otro, el organismo internacional pide firmar acuerdos de intercambio de información tributaria con Argentina y Brasil.

En diálogo con Crónicas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), Marcelo Lombardi, destacó los efectos adversos que pueden traer la implementación de dicha ley. “Las actividades económicas más perjudicadas serán: el agro (por las inversiones argentinas), la construcción y el turismo”, señaló el contador.

En el foro organizado por las CNCS, “Identificación de titulares en sociedades: ¿qué está en juego para Uruguay?”, los principales referentes de los estudios jurídicos del país más el presidente de la Cámara coincidieron en varios puntos. Uno de los más resaltables es el rol que tomaría la Dirección General Impositiva luego de este proyecto. Lombardi destacó a Crónicas que es inoportuno que la DGI sea la institución que realice el registro de titulares. “Creemos que el cambio es demasiado abrupto como para agregarle que también sea la DGI que realice el registro. Que el inversor lo haga en esa institución es una medida poco amigable”, dijo el principal representante de la Cámara.

Otro punto que señala Lombardi es la obligatoriedad que tienen las sociedades anónimas del exterior a identificar sus titulares. Resalta con preocupación el hecho de que los inversionistas de los países vecinos se retiren de algunos sectores económicos. “La normativa va más allá de las exigencias que solicita la OCDE. Esto puede traer aparejados efectos negativos sobre los inversores argentinos que se sientan incómodos ante la situación”, expresó el contador.

El tributarista del estudio Ferrere, Alberto Varela, comentó a este semanario que el exceso de la normativa impulsada desde el Ejecutivo está en comunicar a la propia DGI. Asimismo, señala que hoy la autoridad judicial tiene maneras de acceder a la información sobre accionistas. “Los países que han pasado el filtro de la OCDE no necesariamente han dado este tipo de información al fisco local. No es obligatorio que dicho organismo tenga estos datos en sus manos”, manifestó el abogado. Además, subrayó que la medida que implementará el MEF alejará a los inversores regionales.

Nicolás Juan, de Guyer & Regules, señaló a Crónicas que la normativa excede lo que nos reclama. “La OCDE no exige que una institución oficinal sea la portadora de esta información. Esos datos tienen que permanecer en el seno de la sociedad. Debe haber un libro de acciones nominativas donde se dé en detalle quiénes son los accionistas”, puntualizó Juan. El contador comentó que el proyecto, que intenta abarcar hasta el “beneficiario final”, trasciende los accionistas directos y apunta a la persona física que está detrás de la jurídica.

Juan destacó que hay dos consideraciones fundamentales que escapan a la solicitud de la OCDE: “a los lineamientos expresados por la organización internacional más los tratados en materia de lavado de dinero se le suma contar con la información de manera rápida”. Para el contador ese pedido puede ser legítimo pero “no está enfocado con el pedido de la OCDE”.

Las listas

El 2 de abril de 2009 Uruguay fue incluido en la lista negra. Antes de la reunión del G-20, el diario francés “Le Figaro” ya vaticinaba la introducción del país que gobernaba Tabaré Vázquez a la lista de los no cooperantes. La inclusión, que duró unas horas, desató un profundo debate sobre el manejo tributario del país.

Ese mismo mes y tras las gestiones gubernamentales, Uruguay logra salir de la lista negra para introducirse en la gris, donde se encuentran los países poco colaboradores.

El siguiente año y tras las presiones de la OCDE, el gobierno uruguayo logra firmar 12 acuerdos de intercambio con otros países en materia de información tributaria.

En octubre de 2011, Uruguay se mantiene en la lista gris tras no superar la primera fase del “Peer Review Group Members” (grupo de revisión de pares). Este grupo analiza la situación de cada país.

Un mes después, tras la reunión del G-20, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, incluye a Uruguay dentro de la lista de paraísos fiscales. Otra vez el país vuelve al tapete mundial por su sistema tributario. Tras las presiones de la OCDE, Uruguay empieza a negociar acuerdos con sus países vecinos.

A fines del 2011, Uruguay logra ingresar a la lista blanca tras firmar 18 acuerdos de intercambio de información fiscal. Pero hasta el día de hoy, Argentina mira con recelo el sistema tributario uruguayo.

Actualmente la lista negra está integrada por dos países exóticos: Nauru y Niue. Juan destaca que cada país tiene sus recomendaciones pero “hay que observar si lo que te pide el organismo es similar a lo que le exige a tus principales competidores comerciales”. El contador recalca que no hay que ir más allá de lo que piden a los otros países. El ejemplo que dio el representante de Guyer & Regules es lo que sucede con países como Islas Vírgenes, que tienen muy baja tributación pero nunca han estado en las listas negra o gris. “Eso es porque se mueven con inteligencia y tiempo. Si no han estado en las listas es porque han jugado bien sus fichas”, manifestó Juan. La influencia que tiene la organización repercute en los países que no son miembros, “lo que han hecho ahora es bajar línea hacia los países no desarrollados de manera tal que hagan cambios que sean funcionales a las potencias. Ellos presionan a todo el mundo en función de sus intereses”, sentenció el contador.

Otra de las críticas que realiza Juan al organismo internacional es la “maravillosa tarea de marketing que tiene para que se confunda lo que es lavado de dinero con temas tributarios”. Las presiones de la OCDE, el G-20 y el Peer Review Group no están relacionados con el lavado de dinero. “Nosotros cumplimos el 150% de lo que hay que cumplir. Acá no entra un peso sin antes haber sido rastreado de dónde viene”. Por otra parte, considera que los “países europeos necesitan cobrar más impuestos y lo más simpático es cobrar a personas que están fuera del país”.

Para Lombardi no es bueno ser un paria internacional. Para el principal representante de la Cámara lo ideal sería encontrar un camino adecuado. “No podemos quedar por fuera de la comunidad internacional pero tampoco podemos realizar acciones que perjudiquen al país”, comentó Lombardi aludiendo al proyecto de ley.

OCDE

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) fue fundada en 1960 con el objetivo de coordinar políticas económicas y sociales. Compuesta por 34 estados, tiene su sede en París, Francia. La podan el “Club de los países ricos” ya que centra a los países más desarrollados del planeta. Los países integrantes se reúnen para ajustar políticas socio-económicas que marquen la tendencia mundial tanto para aquellos países que son miembros como para los no integrantes.

Solo dos países latinoamericanos integran el selecto grupo. En 1994 se incorporó México y en el 2010, Chile. El actual secretario general es el mexicano Juan Ángel Gurría.

Para los expertos uruguayos no es tan valiosa la incorporación del país al organismo. Varela reconoce que no le sirve en absoluto a Uruguay ser miembro de la OCDE. “Argentina usa el organismo para presionar a nuestro país y obtener lo que quiere. Pero nosotros, ¿a quién vamos a presionar?”, se preguntó el tributarista de Ferrere.

Juan destaca que a pesar de no ser miembro de la OCDE, Uruguay tiene que seguir los lineamientos del organismo “porque el comercio mundial se rige por estas pautas”. El contador considera importante que para que el país siga siendo competitivo a nivel comercial debe seguir lo que le pida la OCDE. “El proyecto de ley que mandó el Ejecutivo nos va a sacar competitividad”, manifestó Juan a Crónicas.

Para Lombardi antes de pensar si Uruguay debe o no ingresar a la OCDE, debe haber un análisis económico que responda a la relación costo beneficio pero que el país no ha hecho. El presidente de la Cámara destaca que ya se les ha ofrecido a los integrantes del Ejecutivo realizar dicho estudio.

Juan considera que a nivel internacional Uruguay es visto como un país cumplidor, respetuoso de sus obligaciones. “No colaborador en temas de lavado de dinero y cumplidor al pie de la letra con esa regulación. Lo que necesitan es capital y están viendo si en Uruguay hay inversiones o depósito de gente que ellos creen que tienen derecho a cobrarle impuestos”, concluyó el contador.

Nota publicada en semanario Crónicas en edición del día viernes 17 de febrero de 2012.