El Juzgado Letrado en lo Civil de Primera Instancia de Sexto Turno de Paysandú había hecho lugar a un recurso de amparo presentado por un grupo de obreros que querían volver a trabajar y ordenó al sindicato de la Construcción (Sunca) desalojar una planta de Alcoholes del Uruguay (ALUR) ocupada desde el martes pasado.
Nelson Larrañaga, abogado laboralista del estudio FERRERE, comparte la sentencia pero dijo a El País que "si bien tiene facultades legales para hacerlo, la Policía no interviene ante este tipo de medidas y no ampara los derechos constitucionales vulnerados (libertades de trabajo y de empresa)". Larrañaga también señala que "el gobierno sigue sin intervenir y obliga a los trabajadores a recurrir a la justicia, demorándose varios días la situación de no poder trabajar". El especialista recuerda que la Organización Internacional del Trabajo le ha solicitado en varias oportunidades al gobierno que garantice efectivamente las libertades de trabajo y de empresa cuando se constituyen piquetes o se realizan ocupaciones por parte de los trabajadores sin que hasta el momento haya tomado en cuenta esa recomendación.
Larrañaga comentó que la decisión confirma la tendencia unánime de la jurisprudencia en el sentido de que la ocupación del lugar de trabajo es ilícita porque vulnera la libertad de trabajo de los asalariados a los cuales se les impide trabajar. La sentencia valora negativamente la conducta de los ocupantes de adoptar la medida en forma imprevista, violando el derecho de los trabajadores no ocupantes a trabajar.