En un taller sobre “Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo”, organizado por el equipo de Compliance de FERRERE y la Cámara de Zonas Francas del Uruguay (CZFUY), expertos de la firma brindaron recomendaciones sobre los procedimientos que deben realizar los usuarios directos de zonas francas, catalogados como “sujetos obligados” en la normativa vigente.
De la actividad participaron Daniel Espinosa y Danubio Cruz, integrantes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), institución que se encarga de supervisar a todos los sujetos obligados del sector no financiero, dando su visión sobre los desafíos que enfrenta el sector y el proyecto de ley integral sobre el Lavado de Activos que se discute en el Parlamento.
“Hay usuarios que tienen participantes indirectos en el negocio que no están contemplados hoy, pero sí en el nuevo proyecto. La idea es, sobre la misma base de riesgo inicial, que cada operador del sistema se haga responsable de sus propios riesgos y que las medidas de control sean adecuadas a cada operativa. Ya comenzamos a trabajar con la CZFUY separando por sectores de actividad y analizando los riesgos de cada uno. La idea es tener para cada uno de los subsectores una reglamentación más adecuada, decretos sectoriales”, explicó Espinosa.
Por su parte, Cruz señaló que “es un desafío enorme porque estamos entrando en un territorio casi desconocido. Aún no estamos haciendo fiscalizaciones. Estamos estudiando los usuarios y las actividades que tienen y a raíz de eso haremos una selección para inspeccionar. Donde hay tránsito de mercadería y no hay una amenaza evidente, posiblemente no haya inspección”. A fines de 2018 Uruguay tendrá una evaluación por el tema a nivel internacional.
María Maiorano, asociada senior de FERRERE, explicó que el lavado de activos es el proceso por el cual se busca legitimar fondos o bienes provenientes de una actividad ilícita previa intentando insertarlos en el sistema económico financiero legal. El lavado de activos requiere de un delito precedente, el que en nuestro país se encuadra en los delitos de narcotráfico, crimen organizado, contrabando o corrupción, entre otros. En tanto, el financiamiento de terrorismo, que tiene también un componente monetario, tiene como objetivo dar apoyo financiero para la consecución de una actividad de esas características.
Las compañías que operan en zonas francas con diversos tipos de actividades –comercial, industrial o servicios- y que por su naturaleza gozan de algunos beneficios, deben cumplir con ciertos requisitos básicos para prevenir y detectar operaciones sospechosas.
Según Carla Arellano, consejera de la firma, la normativa exige adoptar políticas y manuales de debida diligencia para conocer a los clientes, asumir un enfoque de riesgo, capacitar al personal, realizar un registro de las transacciones, establecer la conservación de documentos por un mínimo de cinco años, y plantear procedimientos para el reporte de operaciones inusuales o sospechosas.
En la misma línea, Ariel Jabcovski , gerente del departamento de Gestión de Riesgos de CPA FERRERE, señaló que las empresas deben conocer los clientes, investigar y tener de primera mano la información sobre las actividades. “Conocer el riesgo de lavado de un cliente en su operativa es una decisión estratégica. A mayor riesgo debe haber más controles y con eso mayores costos”, apuntó.
Jabkovski explicó los factores de riesgo que se tienen en cuenta para evaluar la operativa de un cliente, entre ellos la jurisdicción de residencia -teniendo especial cuidado con aquellos países que no son miembros de los grupos internacionales de prevención de lavado-, actividad o profesión de los clientes, personas expuestas políticamente, productos o servicios que se contratan, medios de pago, contacto con el cliente y montos de las operaciones.