Artículo de El País
Para la abogada estadounidense Lindsay Sykes, especialista en temas de compliance y socia de FERRERE, la promulgación de leyes anti-corrupción en varios países latinoamericanos están teniendo un impacto significativo en las empresas y sus procedimientos de negocios.
—¿Qué está pasando hoy con las empresas de Latinoamérica ante la ola de empresarios procesados por prácticas de corrupción en múltiples países?
—Vivimos un momento extraordinariamente interesante. Lo que pasa es reflejo de la mayor atención que las autoridades globales y nacionales dan hoy al tema de la corrupción, y reflejo de temas como la lucha contra el terrorismo o la evasión fiscal que terminan teniendo efectos indirectos inesperados. Pero, al mismo tiempo, el resultado de que gracias a las nuevas tecnologías y las redes sociales, se ha multiplicado la posibilidad de que un escándalo salga a la luz, así como la velocidad a la que situaciones escalan fuera de control. Todo esto cambió mucho y en muy poco tiempo la forma cómo las empresas se enfrentan a este tema. Lo que hago no existía o era muy marginal en Latinoamérica hace solo 5 años, y hoy es en muchos países una de las principales áreas de actividad de las grandes firmas de abogados.
—Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): ¿En qué consiste este tipo de investigaciones y cuál es su alcance?
—La ley de anti-corrupción internacional FCPA es solo un aspecto del mundo de investigaciones y cumplimiento, que además de corrupción pública también incluye fraude gerencial, y temas de antitrust, promociones ilegítimas y otros, pero es uno importante. Es un ejemplo de cómo la jurisdicción americana tiene un alcance crecientemente expansivo sobre casos que hace no tanto se consideraban temas domésticos sin vínculo con Estados Unidos. El FCPA alcanza a toda empresa subsidiaria de una empresa estadounidense, toda empresa que cotiza en una bolsa estadounidense, y todo acto de corrupción cometido en el territorio de EE.UU.. Pero este último concepto puede incluir una transacción bancaria, lo que termina potencialmente llegando a casi cualquier operación que involucre un giro de dólares americanos.
El aumento en casos en los últimos años se debe a varios factores, entre ellos el hecho de que el gobierno estadounidense está dedicando más recursos que nunca a investigar y a procesar casos de FCPA. Es más, hoy en día los negocios de las empresa son cada vez más globales, situación que las expone a la obligación a cumplir con el FCPA.
— ¿Podemos hablar de algún caso paradigmático?
—El caso mas común es el pago de sobornos a través de un tercero a funcionarios públicos para adjudicarse contratos públicos, obtener permisos o lograr beneficios. El gobierno estadounidense ha multado a varias empresas por actos de esa naturaleza y el FCPA prevé inclusive penas de prisión.
—¿Cuáles son las implicancias de esto para la región?
—Hoy es un grave incumplimiento de las obligaciones de un ejecutivo no tener una vigilancia activa e inteligente de estas situaciones. Y esto no es un problema del empleado que realiza un acto ilegítimo. Según el caso, puede arrastrar a toda la cadena de mando. Es más probable que nunca antes que cualquier denuncia de corrupción sea la base de una investigación por las autoridades estadounidenses o de otros países. O lo que es peor, investigaciones simultáneas de varios países, lo que vuelve la planificación y negociación mucho más compleja, pues los acuerdos de cooperación o de amortiguación de las sanciones que se logran con una autoridad no obligan a las otras, y hasta le pueden generar la prueba necesaria para avanzar con sanciones económicas o penales.
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