Uruguay por su tamaño y desarrollo tiene baja responsabilidad en el cambio climático. Sin embargo, debe alinearse con lo resuelto en el Acuerdo de París. En este Acuerdo participaron 195 estados y marcó un hito en la historia del combate contra el cambio climático —aunque algunos consideren que solo regula promesas de los estados—.
Una de las principales claves de este Acuerdo —que se espera entre en vigencia en 2016— es que los esfuerzos para combatir el cambio climático se deberán realizar en proporción a la capacidad y responsabilidad de cada estado. En este sentido, los países desarrollados deberán asistir financieramente a los países en desarrollo, creando un fondo de al menos US$ 100.000 millones anuales. Asimismo, para que este Acuerdo sea efectivo, los estados deben presentar su plan de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Hasta el momento es claro que el estado uruguayo ha tomado conciencia de la importancia de este tema mediante, por ejemplo: (i) los incentivos fiscales creados para proyectos, tales como los de energías renovables; y (ii) la inclusión de la utilización de tecnologías limpias como indicador preestablecido para que un proyecto se beneficie del régimen de Promoción de Inversiones. Sin embargo, ahora el gobierno deberá evaluar nuevas medidas de incentivos y proyectos concretos que se acerquen a los desafíos y compromisos planteados en el Acuerdo. En este marco, se abrirán oportunidades de negocios en diversos rubros que, de ser atractivos, podrán contar con la asistencia financiera del fondo mencionado.
Uno de los sectores identificados como oportunidad para reducir la emisión de GEI es el transporte. Esto en la medida que el transporte a combustible —como en el caso de Uruguay— emite CO2, uno de los principales gases responsables del efecto invernadero.
Uruguay ha realizado algunos acercamientos a nuevos sistemas de transporte, no solo para mejorarlo desde el punto de vista de la prestación del servicio sino para disminuir costos e impactos ambientales. En este sentido, en 2014 y en el marco de un convenio celebrado entre UTE y la empresa BYD Auto, se realizaron pruebas de utilización de vehículos eléctricos en el sistema de transporte metropolitano.
Actualmente, con los diversos cuestionamientos que recibe este sector del país, y en el contexto del Acuerdo de París, corresponde considerar a nivel gubernamental la posibilidad de incluir una modificación en este sector como parte de nuestro plan de mitigación de GEI y en consecuencia, evaluar la oportunidad que se le presentaría al sector de beneficiarse con el fondo creado conforme al acuerdo.