Alberto Varela, líder del equipo de Impuestos de FERRERE Abogados, opinó que la información vinculada a la disposición que obligará a las empresas a informar sobre las acciones al portador debería estar en la Auditoría Interna de la Nación (ANI) y no en un organismo que no tiene seguridad para manejar datos secretos. Comentó que un incidente de ese tipo “será una cuestión de tiempo”.
Varela también marcó varias falencias del actual sistema. Por un lado –dijo– está la DGI del siglo XXI mientras la Justicia funciona como en el siglo XIX, que lleva a que los litigios duren años, período en el cual las empresas enfrentan embargos solicitados por Impositiva, anulación de certificado único que le permite operar, medidas cautelares y hasta intervención de cajas.
El experto criticó que todos los litigios tributarios deban resolverse como única instancia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que además se encarga de resolver desde una multa de tránsito, a una licitación o la suspensión de un funcionario público. La experiencia muestra que 85% de los casos se termina resolviendo a favor del contribuyente.