El debate sobre el proyecto de responsabilidad penal empresarial logró polarizar de forma tal a las partes involucradas, que estas parecen haber perdido de vista que todas comparten el mismo interés y preocupación: ¿Cómo disminuir la siniestralidad laboral? ¿Cómo generar condiciones de trabajo más seguras?
Todos los días, una bien capacitada fuerza inspectiva del Ministerio de Trabajo, los mejores técnicos jurídicos y prevencionistas del país y los más experientes dirigentes sindicales, nos enfrascamos en la compleja tarea de aplicar las normas sobre seguridad. Son regulaciones genéricas, que muchas veces no cubren las especificidades de amplios sectores de actividad. Las soluciones suelen resultar del diálogo y la negociación.
Que un juez penal resuelva el encarcelamiento de un empleador estimando si éste pudo haber puesto en riesgo la integridad física de un empleado, es subestimar gravemente el papel que en este sentido cumplimos todos los actores sociales. No se puede cargar el peso sobre una sola de las partes, cuando la responsabilidad siempre es compartida.
Por eso, el foco debe ser la aprobación de medidas positivas concretas, hacia condiciones de trabajo más seguras: actualizar la normativa vigente general sobre riesgos de trabajo; definir estándares de seguridad específicos para cada actividad riesgosa; aplicar sanciones administrativas siempre que correspondan; empoderar a las Comisiones de Seguridad laboral que funcionan en las empresas; aplicar incentivos tributarios a las empresas que inviertan en prevención; legislar sobre los controles de consumo de alcohol y drogas; y penar (bajo los delitos hoy vigentes) a los culpables.
Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien.