Casi diez años después, los coletazos de la quiebra del ex Banco Comercial (BC) siguen dando dolores de cabeza a las autoridades del gobierno. El más reciente es un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que anula la resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que hacía responsables a Chemical Overseas Holding, J.P. Morgan Chase, Crédit Suisse y Dresdner Latinamerika de una supuesta deuda tributaria de la compañía panameña San Luis Financial & Investment Company Limited Inc., generada por su actividad de gerenciamiento del BC.

La decisión del TCA, aprobada en setiembre, hace lugar al recurso presentado por esos cuatro grupos financieros vinculados a San Luis Financial solicitando anular una resolución de la DGI de octubre de 2007 por la cual formuló denuncia penal contra esa sociedad panameña, determinó obligaciones tributarias, le tipificó las infracciones de mora, contravención y defraudación, y declaró a los ex socios del BC solidaria e ilimitadamente responsables por las mismas.

A esa fecha la deuda reclamada por la DGI superaba los U$S 85 millones, según voceros de los bancos extranjeros.

La oficina recaudadora entendió que San Luis Financial había actuado en Uruguay sin registrarse y pagar impuestos. Por su parte, los bancos extranjeros entienden que la sociedad no generó impuestos en el país.

El TCA señala en su fallo que la declaración de responsabilidad solidaria e ilimitada para el caso en cuestión es “violatoria de la regla de Derecho” y “carece de asidero normativo que la legitime”, por lo que dispone la anulación de tal enunciado en la resolución de la DGI.

Las fuentes valoraron como “muy relevante” teniendo en cuenta que otros procesos contra bancos se discute en este mismo tema, que el TCA haya entendido que “no se puede aplicar una sanción como esta invocando, por analogía, normas que no regulan el caso”.

Alberto Varela, socio de Ferrere Abogados – estudio que representa a los grupos bancarios internacionales en Uruguay -, dijo a Búsqueda que el fallo del TCA es “histórico” por el “monto involucrado y por la seriedad y el prestigio de los bancos demandados”.

Varela también subrayó la “solidez” de la resolución: “Los cinco ministros del Tribunal fallaron por unanimidad, llegaron a la misma conclusión; los bancos no le debían un peso al Fisco uruguayo”. Agregó que ello además adquiere un valor adicional si se considera que las heridas de la crisis del 2002 todavía están abiertas y podría haber allí una tentación de hacer simplificaciones equivocadas de la realidad, viendo o imaginando culpables donde no los hay”.

El país queda “bien parado en todo el mundo, porque no es fácil falla en contra del Estado, en contra del Fisco y a veces también puede haber una tentación a decir si son bancos que paguen igual. No es el caso, y eso es lo que nos tiene más contentos”, añadió el abogado.

El BC sufrió una corrida en 2002, luego que se hizo pública una estafa. Procurando detener la salida de depósitos, el gobierno del presidente Jorge Batlle acordó una capitalización en la que participaron los tres bancos extranjeros y el Estado, pero el plan fracasó y el BC quebró.

Luego el Estado uruguayo fue condenado por un tribunal internacional a resarcir a J.P. Morgan, Crédit Suisse y Dresdner el capital inyectado en la entidad.

En abril pasado, los bancos extranjeros firmaron un acuerdo con el Estado para terminar con los juicios pendientes y en agosto dieron a conocer una oferta de entendimiento a los acreedores del BC. El acuerdo prevé, además de la reducción de la deuda del Estado uruguayo generada por la capitalización, con parte del dinero remanente, de un fondo para transar en los juicios privados. El acuerdo y la oferta, sin embargo, no pueden hacerse efectivos si no se levanta un embargo que tienen contra dichos fondos un grupo de argentinos que alegan ser acreedores de la off shore Compañía General de Negocios.

Nota publicada en semanario Búsqueda, en edición del día jueves 20 de octubre de 2011.