El 4 de septiembre se promulgó una nueva ley que obliga a toda institución que dependa del Estado o que cuente con participación de este a crear en su interior una Unidad de Transparencia encargada de recibir denuncias, investigar hechos de corrupción y fiscalizar las contrataciones estatales.

Las Unidades de Transparencia (UTs) fueron creadas en 2009 mediante Decreto Supremo No. 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo. El Decreto Supremo No. 29894 determinaba que cada ministerio bajo la organización del Ejecutivo debía crear una Unidad de Transparencia para operar el acceso a la información, promoción de ética, control social y rendición de cuentas.

La Ley 974 de Unidades de Transparencia, promulgada el 4 de septiembre de 2017, tiene por objetivo extender la institucionalización de las UTs para su operación no solo dentro de ministerios sino también al interior de todas las instituciones a nivel central del Estado, empresas públicas, público-privadas y entidades financieras. La ley obliga que tales instituciones creen en su interior unidades encargadas de recibir denuncias de actos corruptos, investigar posibles hechos de corrupción y de “llevar adelante políticas de transparencia y lucha contra la corrupción”.

Asimismo, las Unidades de Transparencia podrán requerir información de cualquier proceso de contratación que gestionen dichas entidades, con fines investigativos. Si bien un requerimiento de información por una UT no suspenderá un proceso de contratación, una denuncia por actos de corrupción por su parte sí daría lugar a la referida suspensión del proceso. Las UTs deben informar el Ministerio de Justicia de todas las denuncias de corrupción gestionados.

La creación y mejora de sistemas de fiscalización y transparencia para procesos de contratación en el país se encuentra en línea con recomendaciones internacionales tales como las realizadas por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), el cual en su Tercera Ronda recomienda al país la adopción de disposiciones para el control y vigilancia de contratos con el Estado mediante autoridades correspondientes.