Artículo de El País
El Banco Central (BCU) impuso nuevas reglas a las empresas de servicios de pago y cobranzas. A través de una circular, informó que tienen 90 días para adoptar normas antilavado y políticas de contingencia para el manejo del dinero.
En el texto fechado el 7 de enero, el BCU comunicó la creación de un registro de entidades que brindan servicios de pago. Hasta ahora estos agentes, nexo entre los clientes y las empresas para el pago de un servicio, no estaban regulados.
La resolución establece que las empresas de cobranza deberán "disponer de los mecanismos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo". Además, se les solicita la adopción de políticas de contingencia, entrega de balances e información sobre su plan de negocios y accionistas. A su vez, el BCU se reserva la posibilidad de solicitar garantías a las empresas.
El abogado senior de Ferrere, Javier Domínguez, dijo a El País que los cambios introducidos buscan reducir riesgos. "Los sistemas de pagos mueven mucho dinero y el incumplimiento de un intermediario puede causar un riesgo sistémico de importancia que afecte a toda la economía", explicó.
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