Según Alejandro Alterwain, experto en Defensa de la Competencia e integrante del Estudio FERRERE, una regulación municipal como la propuesta "viola principios constitucionales y de la Ley de Defensa de la Competencia, ya que priva al usuario de una forma más eficiente de buscar un taxi".
"Los principales constitucionalistas dicen que solamente se puede regular por ley estatal, no municipal. Pero fuera de esta discusión, lo cierto es que ninguna ley, incluso de carácter nacional, puede regular el perjuicio al consumidor. Hay un interés general, un derecho del consumidor. Y ese interés general no puede beneficiar solamente a un sector, como pueden ser determinadas fuentes de trabajo vinculadas al sector del taxi", declaró Alterwain a El País.
"La discusión en la limitación de los derechos debe centrarse en dónde está el beneficio del consumidor. Una regulación de mercado que desconoce el beneficio al consumidor es ilícita", sentenció.
Según el experto, "nadie está discutiendo si estas aplicaciones harían que el taxi fuera más barato, porque se reducirían los costos, o si son más eficientes o más cómodas para el usuario".
"Una regulación tal como se está planteando, que es en beneficio de un sector únicamente, carece de respaldo legal en Uruguay", insistió.