Las garantías y los roles propuestos por la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) y su posible colisión con las normas constitucionales actuales fueron el foco de un intenso debate organizado por FERRERE, que contó con la participación del fiscal Enrique Viana y del abogado y catedrático Gabriel Valentín.

“La elección del tema no fue casual, ya que desde la creación del Uruguay como estado independiente únicamente hubo dos Códigos del Procedimiento Penal, lo que reviste a esta reforma de gran importancia. Además, la manera en la cual decidimos tratar el tema también fue cuidadosamente planeada, ya que quisimos generar una instancia de debate en que fuera posible escuchar distintas voces, a favor y en contra”, indicó el moderador del encuentro, Julio Iribarne , socio de FERRERE.

Durante el debate, el fiscal Viana afirmó que “pretender eliminar las etapas del proceso o al menos empezarlo ya no por el juez, sino por una parte, la Fiscalía, supone colisionar absolutamente con tres artículos de la Constitución, los números 15, 16 y 22”.

Además, comentó que a través del nuevo CPP “se le saca poder a los jueces y se le entrega ese poder a una parte que va a actuar en la instancia principal del proceso, la indagatoria preliminar. Ese fiscal va a trabajar en una sede administrativa, en una comisaría sin el control del juez y sin su intervención”.

En este sentido, Viana cuestionó que se le entregue la “discrecionalidad” de iniciar un proceso a los fiscales, desvirtuándose de esa manera la “obligatoriedad del Derecho Penal”.

Por su parte, Valentín discrepó con Viana respecto a la inconstitucionalidad del nuevo CPP y también sobre la presunta discrecionalidad del fiscal a la hora de decidir iniciar o no una investigación. Además, opinó que la “tarea de búsqueda de elementos” que sustentan la acusación del fiscal carece de valor probatorio.

Al discutir los roles de los actores dentro del proceso penal, Viana criticó la nueva posición de los fiscales que, sostuvo, van a perder “la independencia técnica individual”, al estar sometidos a instrucciones, lo que los convertirá en “fiscales del gobierno de turno”. Por lo tanto, señaló, el nuevo CPP terminará con una de las garantías del proceso penal.

Sobre este punto, Valentín argumentó que las instrucciones no son para cada caso, sino que tienen un carácter general, y que, sin funcionar en detrimento de la independencia de los fiscales, permiten diseñar una política racional que avale una persecución penal estratégica.