Durante 2018 las entidades están cumpliendo con la obligación establecida en la Ley de Transparencia Fiscal, No. 19.484.

La ley dispone la obligación de toda persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica, con o sin personería, con presencia en Uruguay, de identificar y comunicar a sus beneficiarios finales, cadena de titularidad y titulares de participaciones patrimoniales nominativas ante el Banco Central del Uruguay.