La abogada Verónica Raffo, socia y responsable del Departamento Laboral y Seguridad Social del estudio FERRERE, dijo a El País que la ley "es muy amplia" y por esa razón afirmó que, a su juicio, el Estado está abarcado por la norma.

"El tenor literal del texto es clarísimo y habla del empleador o quienes actúen en su nombre. Si nos remitimos a la discusión parlamentaria, nunca se hizo referencia específica a que se quisiera dejar por fuera al Estado", explicó Raffo.

La experta dijo tener dudas de que la ley aprobada sea en los hechos aplicable. "¿Cómo un juez va a poder resolver si yo puse en peligro por no adoptar medidas de seguridad? Hay cosas que son lineales como usar casco o botas, pero después en los procedimientos de trabajo es muy difícil evaluarlos", expresó Raffo.

"Esta norma está desafectada de la vida real. Subestimaron a toda las personas que trabajan en materia de seguridad laboral, ya sea el Ministerio de Trabajo, operadores privados, y los propios sindicatos", consideró Raffo. En ese sentido, se preguntó: "¿En un año vamos a tener menos accidentes o más presos en las cárceles?".

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