Trabajadores y empresarios se forman en las esquinas de un ring imaginario para debatir acerca de la reducción de la jornada laboral. Juan Castillo, flamante director de Trabajo, fue el que encendió la chispa de este proyecto que apuesta a conferir una mayor calidad de vida a los trabajadores. Sin demora, las cámaras empresariales hicieron sentir su descontento frente a la propuesta. Con Carlos Perera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), como principal detractor, los empresarios apuestan por la productividad y afirman que, de llevarse a cabo, esta medida puede impactar negativamente en la competitividad global del país. Expertos en derecho laboral opinan acerca del tema y concluyen que la medida sería altamente perjudicial si se lleva a cabo por medio de una normativa y de forma generalizada, y aseguran que se trata de un engaño del gobierno para eludir el aumento del desempleo y compensar la falta de incremento salarial. Las cartas están echadas y el debate comienza a mostrar sus primeros escarceos. /p>

El abogado y experto en Derecho Laboral, Nelson Larrañaga niega con la cabeza al ser consultado sobre su posición acerca de la reducción de la jornada laboral. ¿Su primer argumento para estar en desacuerdo? Las repercusiones productivas que podría tener esta acción en el contexto económico del país.

”Entiendo que en el panorama actual de desaceleración económica, la propuesta debería ir enfocada a la conservación de los puestos de trabajo más que a la reducción de la jornada laboral”, explicó Larrañaga.

Según sostuvo el especialista a Empresas & Negocios, la propuesta no se puede aplicar con carácter general por vía legislativa.

Significaría un aumento de costos si esa reducción se hiciera sin una pérdida del salario correlativo”, detalló Larrañaga y agregó que de ser absorbidos por el empleador, esos costos derivarían en una reducción del personal si se hiciera sin la pérdida del salario corelativo.

”O bien se traslada ese impacto al costo del producto, en cuyo caso se encarece y es probable que la empresa quede fuera del mercado”, explicó el experto, dejando poco margen al funcionamiento de una ley general que vaya de la mano con la productividad.

De esta forma, Larrañaga descartó la aplicación general y también se mostró en oposición con que los acuerdos sean sectoriales, como es el caso del sindicato de la bebida. ¿El motivo? Las diferencias de tamaño y competitividad entre las empresas que componen cada sector pueden ser tan grandes que crear una regla de reducción de la jornada laboral puede ser, cuanto menos, injusto.

”Debería ser un pacto neutro para la firma, que no represente pérdida en la competitividad”, indicó Larrañaga. El doctor en Derecho resaltó, además, que los ministros del anterior gobierno del Frente Amplio, Eduardo Brenta y José Bayardi, descartaron de plano el hecho de reducir la jornada laboral y aludieron a que a nivel de gobierno el tema ya estaba laudado.

Larrañaga hizo énfasis, además, en la poca repercusión que el tema ha tenido a nivel gubernamental.

En este sentido, apuntó que si bien Vázquez aseguró que se va a estudiar el tema, en los hechos no es algo que se trate como prioridad.

”Si uno lee el documento “Cultura del trabajo para el desarrollo” que distribuyó el Ministerio de Trabajo cuando asumió Murro, ese aspecto no está mencionado, ni siquiera figura que se va a estudiar”, señaló Larrañaga en cuanto a la moción de reducir la jornada de trabajo.

El especialista dio como alternativa viable para poder implementar la normativa que se dé piedra libre a la negociación intraempresarial. De esta forma, sería cada compañía la que determine el impacto que pudiera generar o no la reducción de la jornada laboral en su caso.

”Se va a tener que demostrar con estudios objetivos que la reducción no repercute sobre los costos y no va a afectar sobre la rentabilidad ni competitividad de la empresa”, sostuvo el consejero senior de FERRERE .

La desaceleración de la economía en el país apoya las palabras de Larrañaga, quien afirma que en este contexto, amenazar a la productividad es un riesgo que no se puede correr a nivel local.

”Los países de América Latina y el Caribe viven una situación extremadamente preocupante, pues la desaceleración económica impactará en el mercado de trabajo lo cual podría generar, incluso, aumento del desempleo y la informalidad”, aseguró el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Rider, en la séptima edición de la Cumbre de las méricas que se efectuó el 10 y 11 de abril en Panamá.

A raíz de estas palabras, Larrañaga concluye que el foco de la cuestión debe estar radicado en la conservación del empleo y no en la reducción de la jornada de trabajo.

”Entiendo que si se logra una reducción de la jornada, ya sea de modo generalizado, sectorial o de empresas, podría derivar en un incremento en la informalidad porque ese tiempo liberado puede tentar a los empleados a trabajarlas informalmente o bien conseguir un trabajo formal de seis horas más”, conminó Larrañaga, y agregó que la normativa puede tener un efecto perverso porque no se puede garantizar que se utilice el tiempo en actividades ociosas como, según el gobierno, se busca.

En Uruguay existe una normativa similar que si bien no redujo la jornada de ocho a seis horas, sí disminuyó la jornada semanal en situación de crisis. Esta ley se originó en 2009 y tenía como cometido el reparto del trabajo en la semana y esa pérdida del ingreso que significaba para el trabajador no completar su jornada, lo absorbía la seguridad social a través de una prestación por desempleo.

Artículo publicado en la revista Empresas & Negocios

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