Alberto Varela, abogado y socio de FERRERE Abogados, dijo a El Observador que “el problema en este caso es que se reclama una información indiscriminada, no a quien está siendo inspeccionado, sino a quienes mandan a un colegio o club y pagan más de determinado monto”. En este sentido consideró que la medida del órgano recaudador “viola el derecho constitucional a la intimidad”.
