Alberto Varela, catedrático de Derecho Tributario en la Universidad ORT señaló en una charla que dio en la Cámara de Comercio hace un año en nombre del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET), que desde hace casi una década se afianzó “la pésima y condenable costumbre” de la Dirección General Impositiva (DGI) de pedir más facultades y tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se las otorgan. Entre las potestades que las leyes han otorgado a la DGI, Varela señaló que la más preocupante es que permite solicitar el apoyo de la fuerza pública para cumplir con sus cometidos o proteger a su personal sin autorización judicial. “En un Estado de Derecho el uso de la fuerza pública con fines fiscales lo dispone un juez”, subrayó.
Varela advirtió que de acuerdo con esa ley la DGI puede conducir por la fuerza a sus oficinas a empleados, o a directores de sociedades contribuyentes o a terceros –como testigos– para someterlos a interrogatorios, puede entrar por la fuerza a un domicilio sin que el contribuyente pueda alegar que ese no es un domicilio inspeccionable; y puede incautar por la fuerza una agenda privada o una computadora “por más que se trate de información íntima e irrelevante desde el punto de vista tributario”.
Esa disposición fue incluida en la ley de rendición del año pasado junto con la decisión la DGI de considerar una multa por cada “papel con un error” detectado en las empresas inspeccionadas. Varela explicó entonces que el concepto del organismo es “un papel, una multa” y no “un error, una multa como realmente correspondería”. Eso eleva las multas a niveles intolerables, advirtió.
Para el experto, el sistema sancionatorio uruguayo “es el más severo del mundo después del chino que prevé la pena de muerte. En Uruguay la multa puede ser de hasta 15 veces el impuesto defraudado, se puede ir a la cárcel, el negocio ser clausurado, se suspende el certificado único, se prohíben imprimir facturas de la empresa y se traban embargos”, dijo Varela.
Al plantear esos argumentos, Varela propuso que se no se le voten más facultades a la DGI; que se cree un sistema de resolución de conflictos entre contribuyentes y el fisco; que se racionalice el sistema sancionatario para que deje de ser absurdamente rudo, que haya una verdadera carta de derechos del contribuyente y que se cree el ombudsman tributario para que se defienda a los contribuyentes desvalidos.