A la caja del Estado ingresó una cantidad creciente de dinero en los últimos años por pago de impuestos, y la presión fiscal que soportaron los uruguayos se acercó un poco más a la de los países avanzados. Eso ocurrió bajo una relación desigual frente a la administración tributaria y con inspectores que mostraron “voracidad” para cobrar premios por cumplimiento de metas recaudatorias, según la visión de los propios contribuyentes y expertos en la materia.

“La presión tributaria en Uruguay no mostraba grandes modificaciones hasta hace aproximadamente siete años, cuando luego de la crisis económica y financiera de 2002 los ingresos (…) empezaron a aumentar de forma sostenida”, en gran parte como reflejo del crecimiento de la actividad económica, “mejoras en la administración tributaria relacionadas con un mayor cumplimiento” y “algunos cambios en la estructura impositiva”, afirman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el documento “Estadísticas tributarias en América Latina 1990-2010” de reciente publicación. De esa forma, el país “ha disminuido la distancia en su presión tributaria en comparación al promedio OCDE”, que fue de 33,8% en ese último año, agregan.

En Uruguay, la presión fiscal – medida como los ingresos por concepto de tributos como porcentaje del Producto Bruto Interno – pasó de 18.5% en 1990 a 19,2% en 1995, a 19,7% en 2000 y a 25,2% en 2010, según ese estudio, que tiene en cuenta exclusivamente los impuestos nacionales y excluye los que aplican gobiernos locales, salvo para algunos países.

Encuestas

Mientras, una investigación elaborada para el Centro de Estudios Fiscales por Gianni Gutiérrez, del estudio Ferrere, recogió opiniones críticas de especialistas en temas tributarios y entre contribuyentes sobre aspectos del relacionamiento con la Dirección General Impositiva (DGI). Algunos aspectos del trabajo fueron comentados el martes 2 por ese especialista en un evento organizado por dicho centro, una persona de derecho público no estatal creada recientemente para estudiar asuntos fiscales y capacitar a funcionarios de los organismos recaudadores.

En el marco del estudio que elaboró Gutiérrez se recabó la opinión de 30 profesionales con especialización en derecho tributario. Todos coincidieron en que no existe un proceso jurisdiccional adecuado que otorgue garantías tanto a los contribuyentes como a la administración impositiva. La mayoría fundamentó que las falencias del sistema menoscaban las garantías de los primeros y desestimula la discusión de las decisiones de las oficinas recaudadoras.

“La administración tiene facultades excesivas que utiliza como mecanismos de presión” frente a los contribuyentes, dijo uno de los expertos encuestados, mientras que otro aseguró que “la DGI usa una batería de medidas que si bien son legales, limitan fuertemente la posibilidad de que el contribuyente pueda, siquiera, llegar al terreno judicial”.

Varios de los especialistas sostuvieron que en los últimos años las facultades de la administración de impuestos se incrementaron, y cuestionaron en particular la posibilidad de que aplique medidas cautelares sin un adecuado control judicial y de suspender el certificado que da constancia de estar al día con el pago de impuestos. “La relación tributaria se acerca peligrosamente a una relación de poder”, advirtió uno de ellos.

Otros de los puntos criticados por varios de los encuestados fue la severidad de las sanciones, ya que, entre otros aspectos, en su visión hace muy difícil garantizar el pago de una deuda debido a que se incrementa todos los meses y los intereses se capitalizan cuatrimestralmente. “El sistema sancionatorio tributario uruguayo es absurdamente excesivo. La discrecionalidad de imponer una multa de hasta 15 veces el impuesto es representativa”, comentó un profesional al respecto.

Todos los tributaristas encuestados coincidieron en que es necesaria una reforma del sistema administrativo y judicial de resolución de litigios. En su opinión, uno de los defectos que debería corregirse es la falta de especialización de los órganos decisores, específicamente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Algunos propusieron la creación de tribunales administrativos especializados dotados de independencia técnica.

Contribuyentes

Una segunda encuesta incluida en el estudio de Gutiérrez fue realizado por la consultora Cifra entre 87 empresas inspeccionadas por la DGI en años recientes. Fue respondida entre setiembre y octubre.

Por ser de gran porte, muchas de esas firmas son sometidas a un seguimiento casi continuo por parte de la DGI, y la mayoría pasó el proceso de inspección y no se les encontraron deudas tributarias. En realidad, ello no es representativo de lo que habitualmente ocurre, ya que en casi todos los casos los operativos de fiscalización terminan con la constatación de adeudos, aclaró el autor.

Nueve de cada diez de las empresas encuestadas evaluaron positivamente la actitud de los funcionarios de la DGI en la inspección en cuanto al trato y la documentación requerida. Las quejas refieren a la falta de asesoramiento de parte de la oficina recaudadora.

Varias empresas el grupo al que se le detectaron deudas comentaron que los inspectores asumen que todas las firmas defraudan al fisco y que ellos son los responsables de encontrar cómo lo hacen. “La lógica de la DGI es a la inversa del derecho común: uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, señaló uno de los contribuyentes que respondieron al sondeo.

“Las opiniones son unilaterales: es lo que dice la Impositiva y punto. Con ella no hay Estado de derecho”, disparó otro.

El pago por rendimiento en función de metas vigentes para los funcionarios de DGI genera cierta desconfianza en las empresas respecto a la objetividad de los mismos en el desarrollo de su función, afirmó Gutiérrez apoyado en los resultados de la encuesta.

Varios contribuyentes aseguraron que los inspectores ingresan a las empresas con la meta de recaudar y algunos incluso dijeron que estos tienen un monto determinado como objetivo. “No se podían ir con las manos vacías, lo cual implicó búsqueda de información – que no era la adecuada – para encontrar algo y tener un número para recaudar”, dijo uno citado en el estudio. Otro agregó: “En casi ninguna de las empresas que forman parte del grupo de grandes contribuyentes se llevaron menos de U$S 300.000, porque estaban buscando eso. Cuando lo encontraron, dejaron de inspeccionar. La inspección no fue puramente técnica”.

“Uno nota cierta voracidad por parte de los equipos, ya que van a porcentaje en función de lo que recauden”, agregó otro.

De las empresas a las cuales la DGI les determinó deuda impaga, algo menos de la mitad consideraron el monto como injusto. Sin embargo, apenas el 8% decidieron recurrir a la Justicia; prefieren pagar en lugar de litigar, porque el proceso es costoso y largo, y temen que si lo hacen, en el futuro tendrán más problemas con la oficina recaudadora.

Según Gutiérrez, los encuestados reclamaron una mayor celeridad en las inspecciones – que en muchos casos llevan meses – y una regulación de los procedimientos.

Nota publicada en semanario Búsqueda en edición del jueves 6 de diciembre de 2012.