El 25 de junio de 2015, se promulgó la nueva Ley de Conciliación y Arbitraje (Ley 708).

El gobierno de Bolivia ha promocionado esta ley como parte de sus esfuerzos por alentar la inversión extranjera, en condiciones justas y estableciendo reglas claras. Su promulgación, fue acompañada por el anuncio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, de inversiones por USD 3.000 millones en varios sectores de la economía boliviana.

En consonancia con la posición gubernamental, los presidentes de la Asociación de Bancos (Asoban) y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), expresaron que la ley incrementaría la inversión en Bolivia.

Es de destacar que la ley apoya el arbitraje, como mecanismo para la resolución de controversias, no obstante que excluye algunas disputas de su ámbito de aplicación. Entre esas excepciones, se destacan los contratos administrativos y los conflictos relacionados con recursos naturales; en este último caso, la Constitución boliviana ya prohibía someter disputas emergentes de actividades productivas, en el sector de hidrocarburos, al arbitraje internacional.

En general, las instancias estatales podrán arbitrar disputas con empresas extranjeras que no se encuentren domiciliadas en Bolivia.

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Gerardo Villagómez: gvillagomez@ferrere.com