Considerada un paradigma en el funcionamiento del Estado, la licitación pública para las compras dejó de ser el mecanismo más elegido y la contratación directa se afianzó, alcanzando al 90% de los casos. El dato fue dado a conocer durante la presentación del libro “Procedimientos de contratación administrativa. TOCAF 2012”, de Cristina Vignone, asociada senior de FERRERE, y Natalia Carbajal, directora de Servicios Jurídicos de la Intendencia de Canelones.

La obra recoge el trabajo de tesis de ambas profesionales en la Maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Montevideo y fue analizada en el evento por un panel integrado por Cristina Vázquez, directora del equipo de Derecho Administrativo y Regulatorio de FERRERE; León Lev, ministro del Tribunal de Cuentas, y Pedro Apezteguía, integrante del Consejo Directivo Honorario de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

En 2011, el gobierno impulsó modificaciones al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), que comenzaron a regir un año más tarde. Vignone relató que un análisis pormenorizado del nuevo texto reveló que el artículo 33 ya no incluía a la licitación como regla para las compras del Estado, sino que se comenzaba a hablar de “procedimiento competitivo especialmente previsto”. A partir de allí, ambas indagaron en los aspectos teóricos de los diversos procedimientos de compra, además de relevar y evaluar las características de las adquisiciones estatales.

Según los últimos datos publicados por la ACCE, entre 2012 y 2015 el porcentaje de contrataciones directas y por excepción representó el 90% de las adquisiciones del Estado, mientras que el 10% restante fueron licitaciones públicas y abreviadas. Esta realidad se constató también al analizar los montos. Carbajal señaló que en 2014 hubo compras por unos US$ 450 millones mediante licitación pública, mientas que por contrataciones directas por excepción fueron unos US$ 800 millones.

En su intervención, Apezteguía valoró el aporte de la investigación, aunque argumentó que el cambio en la distribución de los procedimientos se debió al aumento del monto autorizado para compras directas y licitaciones abreviadas. Además, señaló que en las cifras de contratación directa inciden las compras de crudo que realiza el estado uruguayo así como las que a su vez realiza UTE para generar energía eléctrica, que abultan sumas importantes.

Por su parte, León Lev afirmó que el libro genera un aporte sustantivo al derecho administrativo y se mostró de acuerdo con las autoras en que, de acuerdo a los datos disponibles y expuestos en la investigación, la modificación del artículo 33 del TOCAF es más “un sinceramiento” que un cambio radical.

En la misma línea que Cristina Vázquez, Lev destacó la necesidad de tener una ley de compras estatales, que rija claramente el sistema y evite errores. “Que no nos pase más como en esta Rendición de Cuentas, donde hay dos textos que no son complementarios sino contradictorios”, sentenció.