El vínculo de difusos contornos que el gobierno mantiene con los sindicatos se ha convertido en una pata débil, o al menos polémica, del crecimiento económico. Al mismo tiempo, las consultoras informaron a El Observador que inversores extranjeros están seriamente preocupados por la conflictividad laboral actual.
Consultado al respecto, Andrés Cerisola, socio Ferrere Abogados, comentó que las empresas, al igual que en el pasado, seguirán yéndose del país, y agregó:
“Hemos tenido clientes que han cancelado planes de expansión, hemos tenido clientes que han resuelto no invertir en Uruguay o retirarse, y hemos tenido clientes que han demorado sus inversiones”.