El Protocolo de Recuperación de Activos, propuesto por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) el pasado 16 de julio de 2018, es una iniciativa interinstitucional entre la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la UAFE para la ejecución coordinada e independiente del proceso de recuperación de activos producto de la corrupción.
Este protocolo de restitución propone mecanismos específicos para la recuperación de activos y para la cooperación internacional con respecto a la localización del origen, congelación, incautación, comiso y retorno de activos saqueados, concretamente relacionados a la malversación o peculado de fondos públicos.