La Dirección General Impositiva (DGI) apoya la creación de tribunales especializados y considera que esa herramienta permitirá a la administración ganar más juicios, cuando en la actualidad son más los que pierde en litigios con privados.

El subdirector de Rentas, Álvaro Romano, dijo a El Observador que la DGI apoya esa propuesta, que es reclamada por los expertos tributarios, aunque el organismo no hizo ninguna gestión para impulsarlos.

Si bien no se publica información sobre los juicios de la DGI, el jerarca comentó que “es ínfimo” el número de litigios que pierde Impositiva, si se mide en relación a las miles de inspecciones anuales que realiza. De todas formas, reconoció que “es alto” el número de acciones judiciales perdidas con respecto a los diferendos que llegan a los tribunales. “Primero se trata de acordar y la administración se esfuerza en ello”, afirmó.

En Argentina funciona una especie de tribunal de técnicos – son paneles administrativos integrados básicamente por contadores – que dirimen diferendos entre la administración y los privados sin necesidad de llegar al Poder Judicial. Romano señaló que esa vía merece ser estudiada.

Por otro lado, el jerarca de la DGI cuestionó las críticas surgidas de analistas privados sobre el poder que cobró el organismo recaudador en relación a los mecanismos de defensa que tiene el contribuyente. Sin embargo, Romano coincide con los privados en la necesidad de contar con tribunales especializados en materia tributaria, siendo que actualmente todos los litigios de ese tipo deben resolverse en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que atiende centenares de casos de diferente índole.

Los expertos en materia tributaria, Leonardo Costa, Alberto Varela, Carlos Loaiza y Nicolás Juan, señalaron el miércoles 18 a El Observador que la DGI, tras la reforma tributaria y en respuesta a las exigencias de transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), adquirió un poder desmedido y desequilibrado con respecto a los mecanismos que tienen los contribuyentes para defenderse de un eventual atropello.

Según información de privados, el 85% de los juicios terminan siendo favorables a los contribuyentes, pero cinco años después de comenzados.

Otra de las críticas del sector privado refirió a lo ilimitado en el tiempo que pueden ser las inspecciones de la DGI, distorsionando el funcionamiento de una empresa.

Romano señaló que si se quiere discutir poniendo los plazos de los países desarrollados, también habrá que darle a la DGI, como contrapartida, las facultades que tienen las administraciones tributarias de esas naciones.

Por ejemplo – dijo –, en España la administración tributaria puede embargar y rematar bienes sin pasar por la Justicia, cosa que en Uruguay es impensable. También en esos países las administraciones acceden a datos bancarios en forma rápida, cuando en Uruguay, “si bien en el último año hubo avances significativos, aún hoy el proceso para acceder a esa información es de los más complejos del mundo.”

Noticia publicada en diario El Observador en edición del día jueves 26 de enero de 2012.