Sandra González, socia del estudio Ferrere, que representa a los bancos extranjeros, destacó que sus clientes "están muy satisfechos" con la decisión judicial. "Ellos confían plenamente en el sistema judicial uruguayo", dijo.

La abogada agregó que levantamiento del embargo "abre el camino" para que se pueda ejecutar el acuerdo firmado en el pasado mes de abril entre el gobierno y los exsocios del Comercial.

En total, el Estado deberá pagar US$ 118,5 millones, de los cuales US$ 70 millones serán destinados a un fondo en base al cual se buscará transar en los juicios de acreedores privados contra los bancos y contra el Estado. La diferencia, es decir US$ 48,5, es lo que se abonará a los exaccionistas del antiguo Banco Comercial, según explicó González.

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