El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 134/021 del 4 de mayo de 2021, aprobó la "Agenda Uruguay Digital 2025", una hoja de ruta para el desarrollo del país en el área de las tecnologías de la información y la comunicación para el quinquenio. Mediante la creación y la aprobación de este documento, se busca posicionar y consolidar a Uruguay como un país digitalmente avanzado, continuando con el proceso de política digital, iniciado en el año 2000.
La preparación de esta agenda fue liderada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), junto con 40 organizaciones del ámbito público, privado, la academia y la comunidad técnica. Asimismo, contó con la colaboración de integrantes del Consejo Asesor Honorario para la Sociedad de la Información (CASHI), un consejo asesor honorario de AGESIC, que orienta los procesos de elaboración y priorización de la política digital del país, así como el monitoreo y evaluación de las iniciativas que la contienen.
La agenda no es una mera declaración de intenciones, sino que en el mencionado Decreto también se encomienda a los responsables a cumplir las metas allí establecidas y a la AGESIC el monitoreo, evaluación de avances y resultados.
La aprobación de esta agenda se enmarca en los compromisos asumidos por Uruguay en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información para América Latina y el Caribe.
En la agenda se plasman las prioridades estratégicas que definirán el rumbo del desarrollo digital de Uruguay. Contiene 6 áreas de acción prioritarias para el gobierno, con 12 objetivos estratégicos y 53 metas concretas. Las 5 áreas de acción son:
- Sociedad digital inclusiva.
- Impulso a la competitividad innovación en sectores estratégicos.
- Transparencia, eficiencia y rectoría del sector público.
- Potenciar la infraestructura de telecomunicaciones, la conectividad y la ciberseguridad a nivel nacional.
- Marco normativo habilitante de la política digital nacional.
En lo que hace al ámbito normativo, el objetivo XII se refiere a la seguridad jurídica para la transformación digital y se incluye el compromiso de, entre otros, promover las adaptaciones normativas necesarias para acompasar los avances tecnológicos y adaptar los marcos regulatorios de forma de colaborar en el ejercicio de los derechos de las personas y empresas en entornos digitales.
Es esperable que, en cumplimiento de estos compromisos, Uruguay avance en el dictado de normas en materias relacionadas aspectos de digitalización y tecnología. En ese contexto, el 3 de agosto de 2021 se presentó ante el Parlamento Nacional, un nuevo proyecto de ley con normas sobre los ciberdelitos que sigue a grandes rasgos los lineamientos del Convenio de Budapest en materia de ciberdelincuencia. Es esperable ver en los próximos años más avances normativos que vayan en el sentido de acompasar los avances tecnológicos con los derechos de las personas y empresas.