Las pautas mínimas que presentó ayer el Poder Ejecutivo tienen como principal novedad para los especialistas el concepto de "autoclasificación", una apuesta del gobierno que pretende atender un reclamo de larga data: las particularidades de cada sector.

Nelson Larrañaga, director del departamento de relaciones laborales y seguridad social de Ferrere Abogados, dice que la clave estará en los indicadores que deberán dar a conocer los ministerios de Economía y Trabajo para que los actores sociales (empresas y sindicatos) hagan la tarea de clasificación.

"Necesariamente tendrá que haber una hoja de ruta porque de lo contrario se generarán diferencias de opiniones; desde el lado empresarial se tratará de colocarse en la clasificación media o baja y los sindicatos intentarán posicionarse hacia arriba. Y esa disputa puede atemperarse si se dan esos indicadores objetivos por parte del gobierno", opinó.

Larrañaga cree que amén de la "autoclasificación", el gobierno tendrá que hacer el ejercicio de clasificar a la rama de actividad en alguna de las tres categorías para ver si está de acuerdo con las partes cuando lo hagan laudar en caso de que no haya un entendimiento. "Por eso, cobran especial importancia los indicadores, serán la guía de todos", explicó.

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