El abogado Andrés Cerisola, socio director del estudio FERRERE y vocal del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, sostuvo que a pesar de su reciente aprobación, la ley "ya está causando una preocupación generalizada entre inversores y potenciales inversores".

Cerisola reveló que en FERRERE ya recibieron consultas "de personas que están reestructurando sus proyectos y en otros casos poniéndolos en suspenso". A su juicio, el impacto de la ley ha sido "subestimado" por los promotores de la norma y también por el gobierno.

"Y creo que donde haya un procesado esa situación se va a multiplicar por diez. Hoy todavía existe una confianza previa en algunas personas en cuanto a que esto puede no ser tan malo como parece mirando la letra de la ley, que tiene una redacción muy ambigua e imprecisa desde el punto de vista técnico por lo que cualquier empresario, por más cuidadoso y obsesivo que sea, no está libre de tener un problema", añadió.

El abogado aclaró que comparte el objetivo de la ley, que es prevenir la accidentalidad laboral, pero "lo persigue con instrumentos de los peores" porque "parte de una realidad muy simplista, cuando el fenómeno es mucho más complejo".

Por su parte, el abogado Alberto Varela, prosecretario de la Cámara de Comercio Uruguayo-Británica, consideró que a la luz de la nueva ley "es evidente que el inversor lo va a pensar siete veces" antes de instalar su emprendimiento en Uruguay.

"Hay un gobierno que se dejó llevar por un sindicato, que tiene al empresario entre ceja y ceja y aprueba una ley que la mayoría de los expertos señalaron que es inconstitucional", dijo Varela.

"Y ante esa situación, si soy un empresario que evalúa invertir en Uruguay y tengo el riesgo de ir preso, la verdad no voy", agregó Varela, quien aclaró que su opinión es personal ya que la Cámara de Comercio Uruguayo-Británica todavía no se pronunció.

El abogado subrayó que no tiene "la menor duda" de que en pocos meses la Suprema Corte de Justicia declarará inconstitucional la ley de responsabilidad penal empresarial.

Extracto del artículo publicado en diario El País, en edición del viernes 21 de marzo de 2014.