Un estudio elaborado por una abogada y que se presentará esta semana en el marco de un congreso regional sobre prevención de lavado de activos, advierte que los profesionales uruguayos que por ley están obligados a notificar casos sospechosos de blanqueo de capitales (escribanos, abogados y contadores) "no comunican" esos casos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.
"La batalla no se presenta en igualdad de condiciones. En los últimos años y casi de forma diaria, nos hemos acostumbrado a recibir información de prensa sobre la colaboración de profesionales con los lavadores, sin embargo solamente 21 operaciones fueron denunciadas como sospechosas a la UIAF en el período 2009-2013", explica la abogada Carla Arellano en el trabajo académico que presentará el jueves próximo en el marco del Segundo Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas que se desarrollará en Montevideo entre el miércoles y el viernes.
La abogada, que trabaja en el estudio FERRERE, señala que los profesionales "no tienen elección" y subraya que "la función pública de los escribanos y el conocimiento de abogados y contadores sobre la actividad de sus clientes, les impone el deber de cooperación con las autoridades públicas".
"Los profesionales hoy en día no pueden abstenerse, tienen que participar en la lucha", agrega Arellano en el trabajo al que accedió El País.
La abogada atribuye esa situación a "desconocimiento" de la normativa legal y de las "obligaciones" que las normas les imponen por lo que es necesario "un plan de capacitación ambicioso que los transforme de eventuales sujetos obligados por la norma en colaboradores activos del sistema".
En tal sentido, Arellano señala que según los datos de la memoria anual de la UIAF de 2013, los reportes de posibles casos de lavado de activos presentados por operadores no financieros (entre los que se encuentran los profesionales) fueron solamente 1,5% del total, que ascendió a 275.