Para cualquier persona es fundamental la protección de su intimidad. La privacidad es un ámbito propio, que debe estar sujeto a nuestra voluntad de controlar a quién le otorgamos acceso, cuándo y cómo. Una amplia serie de normas legales contribuyen a garantizarnos ese derecho.

En el caso de los menores, que se encuentran en una situación de mayor debilidad por no gozar de independencia, el Estado debe agudizar las medidas de protección. Al ser comparativamente inmaduros e inexpertos, la responsabilidad de la familia, la comunidad y las instituciones estatales es mayor. Y más rigurosa es su obligación de asistir y proteger a los niños para garantizar su desarrollo sano y normal.

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