No hay un modelo único de arbitraje útil para todos los proyectos, por lo que usar la libertad para diseñar el más adecuado es una decisión eficiente. Para Sandra González, socia de FERRERE Abogados, La adaptabilidad es, precisamente, una de las virtudes apreciables del arbitraje, que es un mecanismo que puede resultar ágil y eficaz para resolver disputas entre el Estado y un inversor.

La ley de participación público privada y su decreto reglamentario dejaron un margen de libertad suficiente para que el Estado y los inversores, puedan decidir de común acuerdo cómo quieren que se estructure un arbitraje para resolver sus eventuales disputas. La cuestión es si usarán esa libertad—esencialmente en el contrato de inversión—y cómo lo harán.

Lea el artículo completo en el siguiente enlace:

Descargar documento >>

Ver todas las publicaciones >>