Construir es el desafío impostergable e imperativo, asegura Cristina Vázquez, líder del equipo de derecho Administrativo y Regulatorio. Para mantener y acrecentar sus oportunidades de desarrollo, el país necesita carreteras, puentes, vías férreas, puertos y aeropuertos, redes energéticas y telecomunicaciones verdaderamente eficientes. Más y mejores escuelas, liceos y centros de formación profesional e investigación científica y tecnológica. La infraestructura se debe construir, sea en el nuevo marco de Participación Público-Privada (PPP) o bajo los esquemas tradicionales de ejecución de obra.

Cada vez más, los protagonistas de este tipo de emprendimientos son actores que se mueven en escenarios regionales, continentales e incluso globales. Y es precisamente en esos escenarios en los que hay que fijarse a la hora de actualizar nuestras reglas de juego. Quienes se involucran en obras de gran envergadura saben de la intrincada trama de contratos y subcontratos, de plazos superpuestos y múltiples proveedores y, precisamente por ello, reclaman marcos regulatorios previsibles y eficientes, tanto para armonizar como para el caso de controversias y disputas.

Así es que, según Vázquez, debemos atender el advenimiento de dos fenómenos importantes en este sector: la estandarización internacional de los contratos de construcción y la aparición de formas muy eficientes de gestión de controversias.

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