Artículo de El País
En lo que va del año el Estado dio trámite a 22 solicitudes de restitución o visitas internacionales a hijos, mientras hace un lustro la cifra no superaba los 12 casos. El aumento da cuenta de la internacionalización de las familias y de la vigencia del convenio de La Haya en el que Uruguay es “ejemplo”.
Cuando Andrea Soto llamó a su marido ya estaba en otro país. Había escapado con lo que tenía puesto. Apenas le dio tiempo de pasar por el consulado uruguayo en Estados Unidos, abrigó a su hijo mayor y tomó los recaudos con el menor que traía en el útero. Pero la jugada le salió mal. Tras un juicio que demoró 78 días, la Justicia, a solicitud del padre de los niños, exigió la inmediata restitución internacional. En lugar de acatar la sentencia, Soto huyó y tres años después encabeza la lista de desaparecidos que busca Interpol Uruguay.
Su caso da cuenta de la conflictiva separación de una pareja cuando hay hijos y fronteras mediante, pero, por más extremo y emblemático, no es el único. Las familias son cada vez más internacionales, la Justicia se está ocupando con mayor celeridad de este tipo de casos y los abogados están tomando conocimiento del convenio de La Haya de 1980, que rige en Uruguay desde hace 16 años. Estos tres factores explican que las restituciones internacionales de menores (o la vuelta a casa de los niños) vienen en aumento.
En lo que va de este año, son 22 los casos que ingresaron a estudio de la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional, el departamento del Ministerio de Educación y Cultura que da trámite a estos asuntos. Hace cinco años el promedio rondaba los 11 o 12, recuerda Adriana Fernández, jefa interina del área.
Hay pedidos de restitución de niños que están en Uruguay (5) o los que fueron llevados al exterior sin permiso (6). Existen solicitudes de visitas internacionales —sin la necesidad de traslado del menor— a pequeños que hoy están en Argentina, Brasil, Canadá, Paraguay y Estados Unidos (5) o visitas a hijos que viven en Uruguay (6). Y la inmensa mayoría de estos casos en trámite se resuelven sin la intervención policial.
Por eso el caso de Soto y de su exmarido, el estadounidense Guy Brunetti, es uno de los que más aqueja a Interpol. Hay indicios de que la mujer pudo haber huido hacia Brasil por la frontera seca o que está siendo escondida por otro familiar, aventura el comisario Ramón Ramírez. Entre tanto, el hijo mayor hace más de tres años que perdió el contacto con sus otros afectos y su rutina en Estados Unidos, y el menor no conoció siquiera a su padre.
El convenio de La Haya, que en Uruguay entró en vigor en el año 2000, establece que el proceso de restitución no debe superar las seis semanas. Ese es un tiempo prudencial para que los niños que son sustraídos de un país puedan regresar a su lugar de origen, a su escuela, a su cobertura de salud y estar con sus amigos. Técnicamente el caso Brunetti-Soto duró cinco semanas más de lo aconsejable, aunque esos 78 días —que son también el promedio de los procesos de otras solicitudes de restituciones en que trabajó la Justicia uruguaya el año pasado— colocan al país "en uno de los referentes mundiales sobre cómo abordar estos casos", explica María Lilián Bendahan, la jueza de enlace que reúne los datos de los dos juzgados en Montevideo (primer y octavo turno) y las sedes del interior.
Por más que la Justicia haya trabajado con celeridad, el "desacato" de Soto dio un giro a esta historia y coincidió con una mayor visibilidad de este tipo de historias. Según las abogadas María Eugenia Cal y María Virginia Salvo, de FERRERE Abogados, hasta haber tenido que defender a Brunetti en 2013 en su estudio no habían abordado la temática. Pero en el último año y medio han alcanzado a 10 las consultas. A veces son asesoramientos sobre qué sucede si uno de los progenitores se lleva a su hijo fuera del país sin el permiso de la otra parte, o bien el pedido de defensa de un ciudadano extranjero (como Brunetti) que reclama a la Justicia uruguaya que le devuelvan a sus hijos.
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