Pocas veces reunidos en una misma sala, expertos de algunos de los principales buffetes de abogados y contadores del país muestran posiciones tan coincidentes: la modificación del régimen de sociedades anónimas para poder identificar a sus dueños que impulsa el gobierno del Frente Amplio puede tener consecuencias muy negativas para la economía uruguaya.

La conferencia titulada “Identificación de titulares en sociedades: ¿Qué está en juego para Uruguay?”, fue organizada ayer miércoles 8 por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Según indicó esa gremial en un comunicado difundido acompañando la invitación, el propósito fue que un grupo de especialistas analizara “cómo afecta esa modificación a las cuantiosas inversiones inmobiliarias y agropecuarias que Uruguay recibió en los últimos años, cómo queda el prestigio internacional tan promocionado por los últimos gobiernos de que ‘acá no se cambian las reglas de juego’, cómo queda la relación con Argentina y si ayudará a descomprimir los actuales conflictos comerciales”.

En ese marco disertaron los abogados Ignacio de Posadas (Posadas, Posadas & Vecino), Fernando Jiménez de Aréchaga (Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause), Carlos Loiza (Sanguinetti & Foderé) y Alberto Varela (Ferrere), además del contador Nicolás Juan (Guyer & Regules). El evento, efectuado en la sede de la Cámara de Comercio y Servicios, fue abierto por el presidente de la gremial, Marcelo Lombardi. Las opiniones fueron todas coincidentes en contra de la iniciativa en cuestión.

Se trata de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en los últimos días de 2011, que obliga a los propietarios de títulos al portador, emitidos por sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, asociaciones agrarias o cualquier otra persona jurídica habilitada para ello, a comunicar a la Dirección General Impositiva (DGI) sus “datos identificatorios, los del tenedor o custodio, los del beneficiario final, los de la entidad emisora de tales valores, y el valor nominal de su participación en el capital social”. La misma exigencia rige para los propietarios de títulos al portador emitidos por entidades del exterior que actúen en forma permanente en el país o que sean titulares de bienes situados en Uruguay.

Según la iniciativa, la información deberá ser presentada mediante declaración jurada. Actualmente, solamente toman estado público las identidades de los propietarios de una empresa cuando estos son registrados al participar en una asamblea de accionistas.

El proyecto recoge recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción financiera para Sud América y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio en Materia Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), explicó el Ejecutivo en el mensaje que acompañó el articulado.

La innominatividad de las acciones de las sociedades anónimas fue uno de los aspectos cuestionados a Uruguay en una “revisión entre pares” efectuada en 2011 por miembros de dicho Foro de la OCDE.

Al abrir el foro, Lombardi dijo que la aprobación del proyecto de ley que tiene a estudio el Parlamento producirá “cambios históricos” que generarán “repercusiones en el nivel de actividad que tiene Uruguay”.

Resaltó que “la visión y el apoyo del sector privado resulta clave” en estos temas, por lo que solicitó que el gobierno tuviera en cuenta la visión del empresariado al introducir modificaciones legales y tributarias a pedido de la OCDE. Contó que solicitó al presidente José Mujica y al canciller Luis Almagro una instancia de diálogo con representantes del sector privado, pero aseguró que “hasta el momento no se ha materializado”.

“Tiro en el pie”

“Esto es un problema. (…) No podemos medirlo pero a todos nos genera preocupación”, expresó Loaiza durante su exposición.

Recomendó que Uruguay siguiera el modelo que implementó Suiza, que cumple con las recomendaciones de la OCDE pero mantiene la privacidad de sus contribuyentes. “Tenemos que ser cautos porque hay muchos inversores mirándonos”, alegó.

Afirmó que la OCDE seguirá “pidiendo porque pretende el intercambio automático” de datos.

Sostuvo que “las presiones” desde las economías desarrolladas para que los países como Uruguay sean más transparentes en su manejo tributario de forma de permitirles a otros el combate a la evasión “van a continuar, porque electoralmente sirve y necesitan dinero”.

De Posadas, ex ministro de Economía en el gobierno de Luís Alberto Lacalle (1990-195), fue categórico al advertir las consecuencias de la eventual modificación al marco jurídico para las sociedades anónimas. “Este proyecto termina de destruir algo que el país en más de un siglo ha mantenido inteligentemente” y generará “un quiebre fundamental en la esencia del Uruguay”, alertó.

Ese experto consideró que de aprobarse, el cambio sería “como un tiro en un pie”, porque los accionistas “van a invertir en otro lado”, lo que tendría “un impacto económico y social enorme” para el país.

El socio de Posadas, Posadas & Vecino afirmó, además, que las modificaciones legales planteadas por el gobierno responde a “presiones de la OCDE y Argentina que no se animan a reconocer”. Y vaticinó que “probablemente no sea la única presión”.

Por su parte, Jiménez de Aréchaga consideró el proyecto en cuestión como una “retroalimentación diabólica” entre la OCDE y el gobierno, porque ese club de países emite recomendaciones y Uruguay “no solamente las acepta sino que va más allí y así sucesivamente”.

Respecto a la intención de que sea la DGI la que gestione el registro con la información sobre las sociedades anónimas, sostuvo que “hubiera sido preferible cualquier otro organismo” antes que ese, dado que darle esa potestad supone una “amenaza muy seria y concreta sobre el derecho de la intimidad”.

“Si renunciamos a analizar si la presión internacional es justa o injusta lo que estaremos haciendo es cumpliendo con culpa”, comentó Varela. Y razonó: “Si el reclamo es injusto tenemos que responder con reticencia, con lo mínimo indispensable para que nos dejen de molestar”.

A su juicio, las presiones para incrementar la transparencia provienen de Europa y Estados Unidos y se originan en la “crisis económica” que atraviesan sus economías. Eso hace que sus bancos “sean de vidrio, que los fiscos sean de vidrio en todo el planeta Tierra. Necesitan que no haya intimidad sobre el dinero ni sobre la riqueza en ninguna parte del mundo”.

El “provincialismo enfermizo lleva a pensar” que lo que solicitan “los países desarrollados está bien”, sostuvo. Para Varela, “gravar la renta en todo el mundo tiene más tufo colonialista que gravar la renta local”. En su opinión, “no es inmoral no querer dar información a los fiscos extranjeros sobre los extranjeros que tienen su dinero acá”.

A su turno, Juan explicó que la normativa propuesta pretende que haya una disposición inmediata de toda la información por iniciativa del propio gobierno, porque según dijo, la OCDE no reclama eso. “Hagamos lo que nos pide la OCDE pero no vayamos más allá”, reclamó.

Nota publicada en semanario Búsqueda en edición del día jueves 9 de febrero de 2012.