A los inversores extranjeros les seduce la herramienta de Participación Público Privada (PPP) que diseñó el gobierno pero entienden que hay aspectos “poco claros” que generan incertidumbre y están a la espera de señales claras del Poder Ejecutivo. La ley, promulgada por el presidente José Mujica en agosto, aún no fue reglamentada y los empresarios aspiraban a que en esta instancia quedaran despejadas algunas de sus dudas. Sin embargo, algunos de los planteos de los inversores no serán tenidos en cuenta por el Ejecutivo.
El principal aspecto que objetan los inversores es el mecanismo para resolver controversias. La norma habilita la realización de arbitrajes para que el Estado y los privados puedan resolver las discrepancias en la ejecución de un contrato, aunque no queda establecido si los empresarios podrán o no llevar el caso a tribunales internacionales.
“La reglamentación tiene que decir cómo va a ser ese arbitraje y una de las grandes dudas que deja abierta la ley es: ¿puede llevarse la controversia a un tribunal internacional o va a ser en el Estado uruguayo necesariamente? Las empresas extranjeras se sienten más tranquilas cuando las cosas se resuelven en un tribunal internacional porque sienten que están más en un ámbito imparcial y no dentro del Estado, que es parte”, dijo a El Observador Cristina Vázquez, responsable del departamento de derecho administrativo y regulación de Ferrere. La abogada, experta en estos temas, acompañó una delegación del gobierno que viajó a Madrid hace un mes con el objetivo de presentar las bases de la herramienta de PPP con la que cuenta Uruguay y tentar a inversores españoles a que compitan por la realización de los proyectos en el país. En esa instancia, Vázquez mantuvo varias reuniones con empresarios de diversos rubros y recibió de primera mano las inquietudes. A juicio de la abogada de Ferrere, lo recomendable sería que el Ejecutivo establezca claramente en la reglamentación que los diferendos podrán ser resueltos en ámbitos internacionales dado que es la principal inquietud de las empresas extranjeras. Ese paso no está en los planes oficiales.
Pedro Apezteguía, director general de secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a El Observador que la reglamentación está “a punto de salir” y que será antes de fin de año. Confirmó que no se establecerá la posibilidad de ir a tribunales internacionales. “(Eso) no está previsto para el sistema específico de PPP”, dijo el jerarca. Explicó que ante diferencia de “si me pagaste o no me pagaste” el ámbito de resolución será “un arbitraje común y silvestre, no en un organismo internacional”.
Apezteguía acotó que en todo caso si el país de origen del inversor tiene firmado un tratado de protección de inversiones con Uruguay, el empresario podrá solicitar el recurso pero solo en esos casos dado que la norma no prevé que los diferendos se resuelvan fuera de fronteras. EL director del MEF señaló que la reglamentación tendrá solo “aspectos burocráticos” y sin “grandes novedades”. Apezteguía dijo no encontrar dificultades para resolver las eventuales diferencias entre el Estado y un privado por la ejecución de un proyecto dado que está previsto que las partes nombren representantes para negociar y buscar acuerdos.
Vázquez confirmó que ese es un aspecto real de preocupación para los inversores. Algunos de ellos dijeron que “es importante ver cómo sale la reglamentación para tener claro el marco jurídico y algunos aspectos como la resolución de controversias y los plazos”, relató la especialista.
El otro aspecto que mencionaron como incertidumbre fue la escala de los proyectos. Aspiran a que el gobierno garantice que habrá masa crítica para poder hacer buenos negocios. “Las empresas que se dedican a estos temas son firmas grandes que para instalarse en un país les interesa que haya una escala de proyectos que justifique todo el costo que les significa a los inversores”, dijo. Quiere “paquetes interesantes” o al menos “una continuidad”, narró Vázquez.
Elogios a la ley aprobada
Al margen de los aspectos a solucionar en la reglamentación, la experta de Ferrere, Cristina Vázquez, elogió la ley de Participación Público Privada (PPP) aprobada por el Parlamento. “Hay que salvar algunas pequeñas dificultades que están demorando y haciendo que los tiempos sean más largos de lo que sería conveniente. Habría que aprovechar este interés que se ha despertado. Está todo el mundo un poco en la expectativa”, dijo. A su vez, destacó la actitud del gobierno de salir a buscar inversores. “Hay que resaltar que se está haciendo un trabajo admirable. Yo fui muchos años funcionaria (pública) y puedo valorar que realmente hay una intención de que esta herramienta se utilice y se utilice bien. La herramienta es buena”, sostuvo.
Nota publicada en diario El Observador en edición del día lunes 12 de diciembre de 2011.